El equipo técnico que interviene desde enero en varias parcelas del cementerio de la Salud de Córdoba para la investigación de las fosas en las que hay enterradas personas que fueron víctimas de la represión franquista en la cuidad ha completado ya la primera exhumación. Se trata de una mujer que habría muerto de manera violenta, tal y como confirman «los episodios de violencia identificados en forma de balística (junto al cadáver apareció un proyectil de fusil Máuser) y los daños perimortem que presenta este sujeto femenino adulto, de edad aún por determinar, y todavía en proceso de estudio», informó ayer el equipo científico.

En el proceso de exhumación se hace un estudio antropológico, «para ver los caracteres demográficos del sujeto, su sexo y edad, y se analizan los huesos para determinar las patologías asociadas que tengan como causa de muerte, los daños perimortem o la entrada de orificio de la bala», explica Elena Vera, científica del equipo que trabaja en el cementerio cordobés. Una vez exhumados, los restos se tienen que secar, ya que presentan mucha humedad, y se hace un inventario de los mismos, antes de guardarlos en una caja, que queda depositada en el cementerio», añade.

Los familiares siguen a la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Granada pongan fecha para la recogida masiva de ADN que hay prevista.

Estos hallazgos, que corresponden a restos pertenecientes a seis personas, demuestran, explica Vera, que «hubo tanto hombres como mujeres fusilados» y que las formas de enterramiento no solo fueron en fosas comunes sino enterramientos individuales, como es el caso de la parcela de San Román que se está estudiando, explica Elena Vera, una de las científicas del equipo.

comisionado de la concordia /El Foro de la Memoria de Córdoba emitió ayer un comunicado en el que expresa su rechazo a la constitución de un comisionado de la concordia por entender que es «un caballo de Troya» en el que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs, «bajo el chantaje de la ultraderecha», pretende poner en marcha políticas contra la memoria histórica. También rechaza la creación de un comisionado de memoria en sustitución de la Dirección general de Memoria Democrática por considerarlo un intento de «rebajar la categoría de este organismo y menospreciar las legítimas demandas de las víctimas».