Empresarios y sindicatos aseguran que la reforma laboral debe ser negociada y no impuesta

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Moderado por el redactor jefe de Diario CÓRDOBA, Rafael Aranda, todos los participantes coincidieron en la necesidad de que la concertación debe ser la base en la nueva situación que se ha derivado por el coronavirus a la hora de abordar aspectos como la reforma laboral, pero también la puesta en marcha de medidas para reactivar la economía y el empleo. Por eso consideraron que la reforma laboral no puede ser impuesta, sino que debe ser negociada entre los distintos agentes sociales. Mientras que los sindicatos estiman que se debe abordar ya la negociación, desde los representantes de los empresarios y de los autónomos ven más necesario la adopción de medidas de reactivación económica y laboral.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, considera que la derogación de la actual normativa laboral no es apropiada en este momento. «Es un reto y hay que afrontarlo, pero no es el momento oportuno, porque ahora hay que ayudar a las empresas y los autónomos para que vuelvan a la actividad en las mejores condiciones y se recupere el empleo», señala Díaz. No obstante, asume el reto de sentarse con los sindicatos, después de que el Gobierno «nos haya obviado a las empresas y a los sindicatos». El presidente de CECO estima que la reforma laboral debe ser «útil para esta nueva etapa empresarial». «Necesitamos que se flexibilicen algunas cuestiones en el trabajo, aunque eso no significa que el trabajador pierda derechos», añade.

En este sentido, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, asegura que desde los autónomos «no tenemos miedo a los cambios y a las reformas». «Queremos una reforma laboral en la que se proteja a la empresa, al trabajador, que no se quiten fondos de formación a Andalucía y que no se politice», precisa. No obstante, advierte de que cualquier reforma tiene que estar basada en el diálogo social. «El Gobierno no puede imponer una reforma laboral, ni se puede demonizar a los empresarios o a la sindicatos», advierte.

Para las organizaciones sindicales, la derogación de la última reforma laboral no se puede aparcar. El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, propugna que hay que avanzar en su derogación, aunque pide que se haga a través de la concertación y no por decreto. «Lo que no se pueden buscar son subterfugios para no ir apartando, al menos, los aspectos más lesivos», señala. «No se puede hacer más daño que el que se ha hecho con la reforma laboral del PP. Ha condenado a una generación completa a la precariedad. Hay que derogarla cuanto antes», puntualiza. Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, defiende que la reforma se debe hacer en la mesa del diálogo social «y no como hizo el PP en 2012, que la impuso unilateralmente». «Ha hecho mucho daño a los trabajadores, ha sido muy lesiva porque se ha apostado más por la empresas que por el trabajador. Hay que derogarla», indica.

Consecuencias crisis sanitaria

Respecto a las consecuencias de la crisis del coronavirus en Córdoba, representantes de los empresarios y de los trabajadores coincidieron en la grave incidencia que está teniendo en el tejido productivo de Córdoba y en las que tendrá en los próximos meses, tanto en el empleo como en la actividad empresarial. Por eso, demandaron medidas que den seguridad y aparquen la incertidumbre. «Es una tremenda crisis que ha venido sin manual de instrucciones», indica Amor. «Nunca habíamos tenido una pandemia que afectara tanto al empleo. El mantenimiento del empleo y la salud es lo prioritario y tenemos que prever esos rebrotes que nos están anunciando», señala Borrego. «Las consecuencias son dramáticas en el sentido estricto de la palabra. Un PIB que se nos caerá más del 10% en Córdoba y el desempleo de abril, con sectores muy afectados», precisa Díaz. «El impacto será bestial para las empresas y el empleo», asegura Palomares.