Los empresarios de la construcción y las infraestructuras de Córdoba creen que "las administraciones deben implicarse más en el día a día de las empresas y apoyar su actividad", según las conclusiones recogidas en el panel anual que realiza la patronal cordobesa del sector, Construcor.

Esta encuesta coyuntural sobre la actividad y las expectativas de las constructoras se ha adelantado este año, según ha informado Construcor, dada la situación generada por la pandemia del covid-19 y también por la intención de realizarse desde ahora en otoño y primavera.

El panel está formado por 25 empresas cordobesas, con facturación y empleo directo e indirecto suficientemente representativas, cuya actividad es la edificación residencial, la obra civil, las infraestructuras, la ingeniería, la industria auxiliar y de materiales y la promoción y venta de vivienda.

El 72 por ciento de los encuestados afirman que están haciendo frente a la situación con actividad y recursos, y el 24 por ciento lo hace con dificultades. En este sentido, el 52 por ciento ha acudido a la financiación ICO y hasta el 68 por ciento, aunque no la han utilizado, la han considerado útil.

Por otro lado, el 96 por ciento no tiene personal en ERTE (un 44 por ciento afirma que para la actividad no es necesario), y la mayoría aboga por mantenerlos el tiempo que sea necesario, aunque son conscientes de que el año que viene va a ser complicado. El 56 por ciento cree que la situación sanitaria mejorará a finales de 2021 y que la situación económica no lo hará hasta, como mínimo, el año 2022.

En cuanto al apoyo público, creen que debe ser bastante mayor que el actual. De hecho, el 52 por ciento de los encuestados creen que, en general, las administraciones no están haciendo lo suficiente, y el 48 por ciento opina que las instituciones cordobesas solo las tienen en cuenta en la contratación pública y en igualdad de condiciones, a veces y dependiendo de la situación.

En este sentido y desde las conclusiones del panel, piden más apoyo en el ámbito de la colaboración público privada, a la que están plenamente dispuestas, y advierten sobre los desacuerdos políticos, la falta de competitividad general de la economía y la necesidad de que las administraciones sean realmente conscientes del papel de las empresas, como creadoras de empleo.