La empresa constructora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), la granadina Ucop, ha anunciado su oposición a la resolución del contrato, que puso en marcha el gobierno local, y que impugnará el proceso en vía administrativa y en la contencioso-admistrativa. La empresa interpondrá así un recurso en los juzgados bloqueando cualquier atisbo de solución de la paralización de la obra e impidiendo, como deseaba el equipo de gobierno, adjudicarla a otra constructora para finalizarla. Es decir, que se confirma el peor panorama para los intereses municipales, ya que mientras dure el proceso judicial se paralizará cualquier medida, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos.

En un escrito, fechado el pasado 24 de abril y al que ha tenido acceso este periódico, la constructora expresa su «absoluta repulsa» a la decisión de la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de iniciar el expediente de resolución del contrato de las obras de reforma del pabellón del Parque Joyero. Asimismo, exige al Ayuntamiento la entrega de un total de 13 documentos relacionados con la obra y los modificados del proyecto en un plazo de 10 días hábiles, considerando el abogado de Ucop que de no facilitarse dicha información la empresa estaría «en indefensión». Entre los documentos requeridos por Ucop al Ayuntamiento están el informe de la responsable del contrato de 28 de marzo sobre el incumplimiento del plazo final; la totalidad de la documentación técnica del acuerdo de la Junta de Gobierno Local; la totalidad de informes de los directores de obra mencionados por la responsable del contrato; el certificado de disponibilidad de los terrenos o el título que demuestre el dominio, posesión y uso de los terrenos; todos los informes técnicos, jurídicos y de la Intervención municipal emitidos en relación a esta obra; las notificaciones al contratista de la segunda propuesta de la modificación, y los informes de los directores de obra y la responsable del contrato sobre la repercusión que tendrían las modificaciones introducidas en la segunda propuesta de modificación del contrato.

La intención del equipo de gobierno era tener, en el plazo de un mes o mes y medio, resuelta la rescisión del contrato del CEFC y poder licitar el final de la obra a una nueva adjudicataria antes del verano. Durante este tiempo, ambas partes, el Ayuntamiento de Córdoba y la constructora Ucop, deberían haber llegado a un acuerdo sobre la liquidación del contrato, algo que dinamita a todas luces la intención de la empresa de acudir a los tribunales. De haberse culminado esa vía, y en el supuesto de que no se llegara a ese entendimiento, hubiese sido el Consejo Consultivo de Andalucía quien hubiera emitido un informe preceptivo y no vinculante sobre la desavenencias que pudieran surgir.

La decisión de la Junta de Gobierno Local se producía después de que se agotase el plazo de ejecución del proyecto el 21 de febrero. En dos ocasiones, el gobierno local prorrogó a la adjudicataria la fecha para la finalización de la obra, que actualmente tiene un grado de ejecución del 52,38%. El presupuesto de adjudicación fue de 10,9 millones de euros (se licitó en 14,4 millones). De ese montante, se han certificado obras por valor de 5,7 millones. Ucop se acogió en enero a un preconcurso de acreedores, una figura prevista por la ley, previa al concurso, que permite a una empresa en situación de insolvencia ganar tiempo para negociar con sus acreedores. El 19 de enero pidió sin éxito rescindir el contrato.