Nuevo intento de que termine la reforma de la antigua Normal de Magisterio sin acabar en el juzgado. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), dio a conocer ayer los planes que tiene en relación a la obra estrella del plan Urban Sur, que no llegó a su fin en el 2015 ni tampoco en el 2017 y que desde entonces está atascada y con un futuro incierto. La empresa adjudicataria, Vías y Construcciones, recibirá un ultimátum de Urbanismo para que termine la reforma y subsane las deficiencias detectadas. Su idea es que el primer consejo rector que se celebre, previsiblemente a finales de julio, acuerde declarar la finalización del procedimiento de resolución de contrato iniciado durante el anterior mandato con el sobreseimiento del mismo. Ese paso es necesario después del informe del Consejo Consultivo, que no ha dado la razón al Ayuntamiento y considera que no concurre causa de resolución. En ese consejo se decidirá convocar a Vías y Construcciones al acto de recepción de las obras, en el que le comunicará las unidades no ejecutadas y las realizadas mal, dándole un plazo para concluirlas y arreglarlas, que Urbanismo estima en mes y medio.

La intención de Fuentes es agotar todas las vías para evitar llegar al juzgado, aunque no descarta esa opción si la empresa no cumple con los requerimientos de Urbanismo. «Lo más razonable» es, según aseguró, llegar a «una solución lo más eficaz posible», ya que «irnos a los juzgados supondrá más tiempo y deterioro» para un edificio que tiene un nivel de ejecución del 95% y que lleva más de dos años cerrado.

La reforma de la antigua Magisterio, que se iba a convertir en un centro de producción e iniciativas, es un proyecto que ha sufrido numerosas vicisitudes y que ha dado quebraderos de cabeza a tres gobiernos locales. Las obras empezaron en enero del 2014 y debían estar acabadas en abril del 2015, pero quedaron paradas más de medio año, obligando al PP a reprogramar actuaciones y a decidir culminarlas con fondos municipales y antes de marzo del 2017. Del coste total, 5,2 millones, 1,5 millones se financiaban con el Urban Sur y 3,7 millones aportaba el Ayuntamiento tras la reprogramación. Los trabajos se reanudaron por orden judicial y siguieron su curso hasta su última fase, cuando surgieron desavenencias entre la adjudicataria y Urbanismo, que detectó deficiencias. A pesar de las negociaciones del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU, las diferencias siguieron y, en diciembre del 2018, el consejo rector acordó iniciar el expediente de resolución del contrato y acudir al Consultivo. Hubo un informe que llegó a cifrar en 668.826 euros los daños y perjuicios causados por la adjudicataria desde que la obra quedó paralizada. Ni siquiera la sentencia del TSJA de marzo de este año, que daba la razón a Urbanismo en un pleito por un modificado de proyecto que se remonta al comienzo de la reforma, ayudó al reinicio.

El varapalo llegó en junio con el informe del Consejo Consultivo que dice que lo que queda es una «mera mala terminación» que puede ser subsanada y que no es grave. El dictamen señala que Urbanismo debió levantar el acta de recepción (que es lo que se va a hacer ahora), indicar los defectos y dar instrucciones para solucionarlos en un plazo concreto. A juicio del Consultivo, lo que hay que arreglar se puede hacer sin necesidad de resolver el contrato. Los argumentos que esgrimía Urbanismo, según el dictamen, son que hay partidas de obra no ejecutadas siguiendo las instrucciones de la dirección técnica; unidades defectuosas y mal reparadas; trabajos pendientes; y certificados sin aportar. En cambio, la empresa asegura que las obras se encuentran en estado de ser recibidas desde mayo del 2017 y, a pesar de ello, Urbanismo no convocó el acto de recepción. Es más, la adjudicataria asevera que ejecutó los «repasos» exigidos y avisa de que se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios. Según el dictamen, en abril del 2018, Vías pidió más de 2 millones como certificación final y una indemnización de 1,2 millones.