El fiscal responsable para las personas mayores, Fernando Santos Urbaneja, afirma que este colectivo apenas tiene casos en la vía penal como víctima, ya que «ellos no denuncian», pese a que en ocasiones pueden sufrir estafas, maltrato o expoliaciones de patrimonio realizadas por familiares, entre otros problemas.
En su opinión, «la soledad y la perdida progresiva de facultades son terreno abonado para estafas menores», y alude a una «intromisión, que yo diría que es ilegítima, en el hogar de una llamada teléfonica donde te ofrecen un producto. Estas personas no tienen capacidad para defenderse de eso y acaban comprando una biblioteca de fauna ibérica», comenta a modo de ejemplo. Este fiscal califica como «terrible lo que le pasa a este colectivo» y hace alusión a otros casos de estafa y robos como «los visitadores del gas o los de las humedades».
No obstante, recuerda «el fraude de las preferentes» y afirma que «esto es una de las cosas por las que alguien tendría que haber pagado, porque eso fue una estafa monumental y al final los que han pagado han sido directores...». Santos Urbaneja destaca que fue en el 2009 cuando el Banco de España ( BDE) «dijo claramente que era un producto tóxico» y abunda en que «fallaron muchos controles, el BDE, el que más. Por lo tanto, cuando hablamos de abusos a los mayores, ojo, el BDE a la cabeza. Por omisión».
En cuanto a la incidencia de los distintos abusos a mayores en la labor judicial, este fiscal concluye que son «pocos» los casos de estafa que reciben (principalmente, a través de asociaciones de consumidores) y tampoco abundan los asuntos relacionados con expoliaciones patrimoniales, sobre los que comenta que a veces son claros y otras queda la duda de si se ha realizado un acto voluntario.
