La morosidad de las comunidades de vecinos crece y los administradores de fincas lo comprenden: ante situaciones en las que el paro golpea a las familias, estas destinan el dinero a cubrir las necesidades básicas. En otros casos, además, tampoco pueden cumplir con la hipoteca, o lo hacen con dificultad, por lo que la deuda con el bloque se entiende casi como un mal menor. De este modo, los profesionales consultados afirman que la crisis está conduciendo a que más del 70% de los edificios tenga algún pleito contra propietarios que han dejado de pagar sus cuotas para el mantenimiento de servicios comunes.

En algunos casos, los vecinos llegan a acuerdos para aplazar el pago, pero en otros deciden acudir a la vía judicial si observan que la persona está obviando sus responsabilidades o, simplemente, no pueden asumir un sobrecoste en los recibos. En esta línea, Silvia Barasona, administradora de fincas de Asesfin, recuerda que antes de la recesión no era usual acudir a los juzgados, mientras que ahora cuando intentan reclamar un impago se encuentran con que "no hay nada que embargar" porque las viviendas tienen otras deudas, las cuentas corrientes están a cero y el propietario no percibe ingresos. A esto se suma la posibilidad de que la hipoteca sea más alta que el valor actual del piso, lo que dificulta su adquisición por parte de otros particulares y, si se adjudica al banco, hay que esperar a que este haga frente a la deuda. Por esto, Silvia Barasona aclara que "es mejor llegar a acuerdos de pago", aunque admite que "también hay veces que no se cumplen" y en ocasiones "hay muchos pensionistas y parados a los que les da mucho coraje que haya gente que no paga", ya que ellos sí que realizan el esfuerzo. Esta administradora apunta que en estos momentos "casi todas las comunidades tienen algún pleito", aunque el porcentaje de vecinos que incumple "es quizá del 10%".

EL CAMBIO Estrella Aranguren, otra profesional del sector, explica también que "ahora hay mucha morosidad de gente que nunca ha debido nada" y, en su opinión, "se ha perdido el miedo a los embargos, porque lo poco que tienen es para comer. Claudican porque no tienen medios". Aranguren recuerda, asimismo, que otra de las dificultades a la que se enfrentan los propietarios que deciden demandar es que el proceso judicial conlleva unos gastos que debería abonar el moroso, pero si este solicita justicia gratuita, tampoco atiende las costas.

Por su parte, el administrador de fincas Alfonso Salas confirma que en su día a día ha percibido "un aumento notable de las reclamaciones a morosos", que cifra en torno al 30%, y destaca que en su caso "en casi todas las comunidades hay como mínimo dos procedimientos monitorios", una situación que perjudica su funcionamiento normal y a la que se añade el incremento de otros gastos como los energéticos. Otro profesional del sector, Francisco Montemayor, indica que estas circunstancias se agravan por el "colapso de los juzgados" y la tardanza en resolver los pleitos, y también alude a las dificultades para los propios administradores, que tienen que asumir retrasos en el pago de sus honorarios y rebajas en sus ingresos, e incluso adelantar el pago del agua para que no se la corten a los vecinos.

El secretario técnico del Colegio de Administradores de Fincas, Francisco Ruiz, ha precisado que en la provincia de Córdoba hay unos 170 profesionales colegiados y cada uno puede atender medio centenar de comunidades de vecinos. Francisco Ruiz calcula que estos profesionales abarcan, aproximadamente, el 60% de las comunidades existentes y comenta, además, que la morosidad tiene una mayor incidencia en los barrios más azotados por la crisis económica.