La Consejería de Educación ha dejado expirar el plazo sin presentar recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia condenatoria fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en noviembre del 2018 por un caso de acoso escolar ocurrido en el 2005 en Córdoba, en el IES Gran Capitán. El plazo para presentar recurso acabó el pasado 19 de diciembre, de forma que la sentencia ha pasado ya a ser firme. A partir de ahora, según Sanivo Abogados, encargados de la defensa de Lorenzo, el joven de 25 años que fue víctima de acoso cuando tenía 12 y cursaba 1º de la ESO, se abre ahora un plazo de dos meses para que la Consejería cumpla y pague la indemnización de 20.000 euros más intereses legales estipulada por el juez en su día. De no hacerlo, Sanivo Abogados tendría que iniciar un nuevo procedimiento para obligar al cumplimiento de la sentencia de forma forzosa, un paso que tanto el despacho de Magdalena Entrenas como Lorenzo y su familia confían no se vean obligados a dar. «Llevamos muchos años peleando para que se reconozca en un juzgado que el colegio no actuó para evitar el daño que se estaba produciendo a Lorenzo y queremos cerrar este capítulo de una vez», han transmitido las fuentes consultadas, satisfechas porque Educación no haya recurrido, lo que les habría llevado a acudir al Supremo, alargando aún más el litigio. Lorenzo sufrió agresiones, vejaciones e insultos constantes por parte de un grupo de alumnos, que ya fueron condenados por vía penal, sin que la dirección que estaba al frente del centro en ese momento intentara evitarlo.
