Según el informe de personas desaparecidas relativo al año 2018 y publicado por el Ministerio del Interior, en España hay 6.053 denuncias activas, 6.053 familias que viven en un continuo duelo al no conocer el paradero de sus seres queridos. Son 21.000 las denuncias que se presentan al año, un dato muy preocupante y que ha hecho que el ministro responsable en la materia, Juan Ignacio Zoido, tenga una importante presencia social para dar explicaciones al respecto. La última, en un programa de Televisión Española hace menos de un mes, concretamente en De-saparecidos, dirigido por Paco Lobatón.

El ministro insiste en que en todos los casos de personas desaparecidas, sean más mediáticos o menos, trabajan «los mejores» investigadores y efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ya sea dentro como fuera del país, ya que insiste en que la colaboración de ambos cuerpos con la Interpol y el FBI es «cada día más estrecha». Diana Quer o el pequeño Gabriel son los dos casos que más han calado en la sociedad en los últimos tiempos y en ambos se ha visto cómo se han puesto todos los esfuerzos para encontrarlos.

Las familias de otros desaparecidos, como es el caso de los padres de Paco Molina o el hermano de Ángeles Zurera, desaparecidos en Córdoba capital y Aguilar de la Frontera, respectivamente, difieren de Zoido y entienden que en los casos de sus seres queridos no se ha puesto el mismo celo. Además, consideran que hay poca preparación y falta de recursos de las administraciones más allá de cuerpos de élite muy especializados y reconocidos, localizados la mayoría en Madrid.

El drama que supone no conocer el paradero de una persona cercana y no saber en qué estado se encuentra precisa de mucha atención y asistencia, ya que los familiares de las personas desaparecidas luchan contra el olvido y sienten la desesperación y la angustia día a día y minuto a minuto que transcurre sin noticias. Por ello, no se trata de un problema policial, sino social, por lo que las familias entienden que los poderes públicos están obligados a ofrecer los medios necesarios para poner fin a ese dolor.

El ministro del Interior ha declarado su intención de «promover reformas legislativas» para que el Centro Nacional de Desaparecidos preste ayuda psicológica y económica a familiares de personas desaparecidas, para brindarles la atención que precisen mientras dure esa situación.

Según los resultados del informe 2018 sobre personas desaparecidas, desde 2010 hay recogidas un total de 146.042 denuncias, de las que permanecen activas solo 6.053, un 4,14% del total. De estas, la mayoría, 5.808 (95,95%) corresponden a riesgo limitado y 245 (4,04%) a situaciones de alto riesgo. Estas últimas son las que afectan a menores de edad y las que siendo mayores de edad pudieran sugerir un carácter forzado, como indicios de secuestro, no llegada a un destino sin explicación, desaparición sin portar efectos personales o abandono de un vehículo sin razón aparente. Las provincias donde se registran más denuncias activas son Cádiz (1.517), Granada (655), Barcelona (362), Málaga (301) y Madrid (281).

Los datos son importantes, pero siempre hay que tener presente que detrás de cada caso hay una persona, con nombres y apellidos, y una familia angustiada por la desaparición.