La dotación de servicios básicos en las parcelaciones está más cerca, aunque sea de forma individual, si se cumplen las previsiones de Urbanismo, que espera emitir pronto la primera resolución para autorizar agua, luz o saneamiento en una de las viviendas ilegales que la han solicitado acogiéndose a la reforma de la LOUA aprobada hace un año por el Consejo de Gobierno de la Junta y a la que el Parlamento dio luz verde en abril. Aquella reforma permite adelantar servicios básicos de forma provisional en las parcelaciones que están en suelo urbano y urbanizable sin tener que esperar al final del proceso de legalización, ya que les basta el plan parcial aprobado. Hay que recordar que hay dos formas de acceder a los servicios si se cumplen los requisitos, la solución individual, a la que pueden optar los propietarios que tengan la red a pie de su parcela, que necesitan un proyecto de acometida e informes favorables de las compañías suministradoras; y la coordinada, enfocada a juntas de compensación o asociaciones de propietarios, que, además de lo anterior, precisan proyecto de red, y que es la fórmula que más dificultades está encontrando.

Cuando solo faltan dos meses para que se cumpla un año de su entrada en vigor, que fue en mayo, los efectos prácticos de aquella reforma han sido nulos, ya que ningún parcelista ni ninguna urbanización han logrado los servicios básicos, aunque Urbanismo, Emacsa, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Al-Zahara y el resto de los miembros de la comisión de periferia, así como representantes de varias parcelaciones, han mantenido reuniones y han estado trabajando para obtener frutos.

El trabajo de Urbanismo

El presidente de Urbanismo, Pedro García, facilitó ayer información sobre el proceso. Hasta ahora ha recibido quince solicitudes individuales de servicios y, según señaló, «en algún caso está próxima su autorización», mientras que en otros se les ha requerido documentación. Esas peticiones provienen de La Forja, Cortijo El Alcaide, Campiñuela Baja, Los Girasoles, Montón de la Tierra 2, La Gorgoja, Cortijo El Rubio 2, Barquera Norte, Cortijo El Alcaide y Alcolea. Además, explicó que en los próximos días Urbanismo y Emacsa mantendrán nuevas reuniones con las urbanizaciones que han mostrado más interés y que reúnen las condiciones favorables, por lo que se consideran zonas prioritarias. Esas parcelaciones son El Alamillo, Barquera Norte y Sur, Doña Manuela-Torreblanca, El Sol-Valenzoneja y Campiñuela Norte. Además de con estas, Urbanismo y Emacsa se han reunido con La Colina y Huerta de San Luis Casillas para exponer «el procedimiento a seguir para alcanzar los suministros básicos».

Las demandas vecinales

A pesar de los pasos dados, la obtención de servicios básicos no está resultando fácil. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, órgano que junto con Al-Zahara, los consejos de distrito de la periferia y colectivos de parcelistas conforman la comisión de periferia, considera que «la norma abre una puerta, el problema es que el proceso requiere acuerdos y tiene un coste» y está resultando complicada su puesta en práctica. Los grandes dificultades son, según De Gracia, «financieras, la situación económica» de los que aspiran a tener servicios, que «provoca que tengan dudas», ya que «deben encargar los proyectos, hacer la obra y eso requiere dinero». A esto se une que «los bancos están recelosos a financiar». «Lo que más está ralentizando todo -según De Gracia- es convencer a los afectados», por lo que habrá lugares en los que será más fácil la obtención de servicios en solo una parte de la parcelación en vez de en toda. Además, «cada urbanización tiene su realidad», señala. De Gracia está convencido de que «cuando un colectivo aclare su situación, los demás van a seguir sus pasos», ya que interés hay. El ejemplo que pone es que además de las quince solicitudes de dotación de servicios de forma individual que han llegado a Urbanismo, hay una treintena de personas que han ido a Emacsa a preguntar por el agua.

Hace falta más

Lo que todos tienen claro es que la reforma de la LOUA no basta por sí sola y que hace falta más. El propio García plantea «seguir para que la legislación agilice los procedimientos porque sin ello desde el planeamiento urbanísticos es más complicado avanzar». Por su parte, De Gracia considera que es necesario que Urbanismo impulse este mismo mes la modificación del PGOU que permita incorporar asentamientos que están en suelo no urbanizable y viviendas aisladas para que tengan opción de lograr servicios. También pide el desbloqueo de las parcelaciones incluidas en la innovación de Poniente, respecto a las que Urbanismo debe actualizar el informe ambiental; la modificación del plan que afecta a Fontanar de Quintos, y acortar los tiempos de vigencia de las entidades de conservación. A su juicio, es clave que «el Ayuntamiento impulse más procesos, eche una mano mayor y ponga en marcha el mecanismo para la innovación del PGOU». Paralelamente, estima que hay que seguir trabajando con la mesa del río para buscar soluciones a las parcelaciones que están en zona inundable, y para que las del ámbito protegido de Medina Azahara también puedan aspirar a los servicios. De Gracia sigue echando en falta una oficina de parcelaciones, que centralice la atención a los afectados.

Alamiriya

El presidente de Alamiriya, Manuel Sánchez, considera que la modificación de la LOUA «no está dando resultado». Uno de los problemas que se está encontrando es que el adelanto de servicios solo se puede aplicar a la primera vivienda y hay muchos casos de segunda residencia, por lo que su propuesta es que no se distinga entre una y otra y que sea la junta de compensación la que acometa los servicios básicos. A su juicio, la reforma «no va a servir para nada salvo que dentro de una parcelación se pongan todos de acuerdo».

CALU y CMC

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside el cordobés Francisco León, ha anunciado que prepara un informe sobre la situación real de las parcelaciones con el fin de demandar soluciones al nuevo Gobierno andaluz. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha anunciado en el Parlamento su intención de poner fin a la «maraña urbanística» existente y que tomará medidas para agilizar trámites.

El Pleno del CMC ha aprobado un manifiesto que va a dirigir a la Junta para que los servicios básicos sean un derecho independientemente del tipo de suelo. El CMC exige cambios en la ley que permitan ampliar las fórmulas existentes para lograr servicios, facilitar los procedimientos, abaratar costes, y buscar soluciones específicas para las urbanizaciones que están en suelo protegido. Todo esto indica que en parcelaciones queda mucho por hacer.