Un divorcio sin acuerdo tarda el doble en resolverse en la provincia que en la capital

El aumento de la litigiosidad en los procesos de divorcio y la falta de datos oficiales que evalúen estos procesos ha llevado a la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) a realizar el primer Observatorio del Derecho de Familia, elaborado a partir de encuestas a sus más de 2.000 asociados. Una de las principales conclusiones es la necesidad de especialización de los juzgados que atienden estos casos, ya que cuando se tramitan en un juzgado especializado se cierran de media un año y medio antes, lo que consigue reducir el riesgo de violencia de género y entre padres e hijos.

Según la abogada de familia cordobesa y vicepresidenta de Aeafa, María Dolores Azaústre, un claro ejemplo de ello es que en la provincia de Córdoba, donde no existen juzgados de Familia, «los divorcios tardan en resolverse más del doble que en la capital, donde sí los hay, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan casos de violencia de género, doméstica e intrafamiliar». Es más, la asociación mantiene que «los retrasos y las rupturas mal gestionadas están relacionadas directamente con la escalada de la violencia entre padres e hijos».

ESPECIALIZACIÓN / Según Azaústre, «cuando tenemos una dolencia de corazón no vamos al podólogo sino al cardiólogo, pues ocurre igual con los juzgados, que requieren una especialización de jueces, fiscales y recursos específicos como equipos psicosociales formados en estos casos para agilizar el proceso de tramitación de los divorcios». Del mismo modo que se ha creado una jurisdicción mercantil a raíz de la crisis, Aeafa reclama «la creación de una jurisdicción especializada de persona, menores y familia», «ya que ante un divorcio la rapidez es fundamental si queremos evitar conflictos familiares entre los cónyuges y con los hijos». Y es que, según añade, «el 97% de los divorcios que no son de mutuo acuerdo, especialmente cuando existen hijos menores, son muy conflictivos por la lucha que se establece entre los progenitores por la custodia de estos y por el uso de la vivienda familiar». Según el estudio realizado, cuando no existe descendencia de por medio, «el nivel de enfrentamiento se reduce a solo el 16% de los casos». Del mismo modo, «la litigiosidad sobre la custodia de los hijos es menor en el 76% de los casos si el problema de la vivienda está resuelto».

CUSTODIA COMPARTIDA / Según los datos recabados por Aeafa, «en el 79% de los divorcios, la adaptación de los menores al sistema de custodia compartida es satisfactorio o muy satisfactorio». Azaústre recalca que, pese a ello, la asociación «no defiende esta medida para todos las familias, sino que es necesario estudiar el caso concreto», algo en lo que coincide con la doctrina del Supremo, que recomienda la custodia compartida como solución deseable tras el análisis de las circunstancias familiares. De hecho, establece que «si no existe circunstancia grave evidente, el progenitor que se oponga a la custodia compartida debe ser quien acredite motivos suficientes para que no se establezca». La custodia compartida no siempre lleva consigo la exención del pago de pensión de alimentos, ya que el juez puede fijarla si existe una gran diferencia en el poder adquisitivo de los progenitores.

CASA NIDO / El 75% de los abogados consultados coincide, además, en que la distribución de tiempo más adecuada entre progenitores es una semana con cada uno, pero destacan los problemas detectados en la fórmula de casa nido (cuando los niños se quedan en el domicilio familiar y son los padres quienes entran y salen). Según la abogada, «esta solución es una fuente de conflictos entre los padres por el pago de suministros, la compra de alimentos, la renovación de los muebles... que repercute en los menores», de forma que recomiendan «la liquidación de la casa» para que los padres puedan rehacer sus vidas porque, según su experiencia, «para que los hijos estén bien, los padres tienen que estar también bien».