El Consejo de Distrito Sur solicitó ayer en el registro municipal del centro cívico Arrabal del Sur la cesión de uso en precario del colegio Rey Heredia, convertido en centro social desde hace seis meses por Acampada Dignidad, colectivo sobre el que ahora pesa una orden del juez para desalojar esas instalaciones. Según señala Antonio de la Rosa, presidente del Consejo de Distrito Sur, a esta decisión se ha llegado tras la última reunión del órgano, en la que se decidió dirigir un escrito al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, solicitando la cesión de uso en precario de las instalaciones del colegio para un uso social, una vez que se conoció la noticia de que el Consistorio ha cedido a través de este mecanismo un inmueble municipal que servirá de sede provisional a la Agrupación de Cofradías.

Una vez registrada la solicitud, "todo depende de la voluntad política", asegura De la Rosa, que recuerda que desde que el colegio se cerró en el año 2011 para su uso docente se reclamó al Ayuntamiento este inmueble como sede de los colectivos que trabajan en esta zona sin obtener respuesta. "Cuando conocimos la resolución judicial sobre la Acampada Dignidad, y teniendo en cuenta que el alcalde dice que hay que hacer las cosas de manera legal, hemos vuelto a insistir en esta solicitud", continúa el presidente del Consejo de Distrito, asegurando que "nos da lo mismo si la cesión de uso es en precario o conveniada". Por otro lado, De la Rosa afirma que "habría que estudiar en qué condiciones se nos cedería, en caso de que así fuera, ya que el Ayuntamiento pondría sus condicionamientos" y el objetivo de esta petición es "seguir manteniendo la actividad que ahora lleva a cabo Acampada Dignidad". Si existe la voluntad de cederlo, "entablaríamos una negociación", continúa el responsable del órgano vecinal. Por su parte, el Ayuntamiento declinó hacer declaraciones respecto a este asunto.

MANIFESTACION Por otro lado, Rafael Juan, uno de los portavoces de Acampada Dignidad, señaló ayer que la concesión de esta cesión de uso por parte del Ayuntamiento impediría que, una vez que este colectivo desaloje el inmueble por orden del juez, deje de llevarse a cabo toda la actividad que se está desarrollando en el colegio Rey Heredia desde su ocupación. "Es importante que las cien personas que comen a diario en el centro lo sigan haciendo y que unos sesenta niños sigan recibiendo clases de apoyo o que se pueda utilizar la biblioteca", continúa Rafael Juan, que, pese a la resolución judicial, asegura que "nosotros no nos vamos a marchar y vamos a seguir peleando". De hecho, el portavoz anunció que está prevista una gran manifestación para el próximo día 10 mayo en la que se recibirá el apoyo de la coordinadora estatal de las Marchas de la Dignidad, esperándose representantes de toda España. Este colectivo también está recibiendo el apoyo vecinal de muchos barrios, según Rafael Juan, que asegura que "hay muchas personas que están trabajando para extender la idea de que Rey Heredia no se cierra", señalando que el domingo se recogieron casi mil firmas en contra del cierre del centro.