El director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina-Montoya, considera «muy positiva» la implantación del registro, ya que nada más empezar «se vio una reducción en la presencia de excrementos» en la calle e identifica al animal de una manera «que da más garantía». Según relata, todo empezó en el 2011 con una moción del PSOE proponiendo la creación del censo. Aunque la idea no prosperó por su coste, se retomó después, se creó un grupo de trabajo con el Colegio de Veterinarios y, en octubre del 2015, el Pleno aprobó la modificación de la ordenanza para incorporar el registro, que salió adelante en el 2017.

El Ayuntamiento renovó el convenio que tenía con el Colegio de Veterinarios, que contrata a la empresa encargada del servicio. Medina-Montoya explica que el propietario de un perro «se baja online o compra un vale en el colegio por 35 euros y se va a su veterinario para que extraiga sangre a su mascota». El Ayuntamiento incluyó en su presupuesto 200.000 euros para sufragar a los desempleados, a través de un vale social, los 35 euros que cuesta el análisis.

En enero entró en vigor el plazo obligatorio para censar a los perros. Desde entonces, la Policía Local pide la chapa o el carnet que demuestra que el animal está registrado y multa a quien incumpla. Hasta mayo había 26.000 perros registrados y 300 sanciones impuestas.

El Ayuntamiento adjudicó por 20.000 euros un contrato menor a la misma empresa para analizar los excrementos. «Dos días por semana, un operario de la adjudicataria del control de animales y un funcionario del zoosanitario salen a la calle y recogen muestras de excrementos que envían al laboratorio», explica. Puede ocurrir que el resultado sea positivo al haber coincidencia con un perro censado y se activa el expediente sancionador; que no haya ADN «y se deseche» la muestra; o que dé negativo el examen porque el animal al que pertenece no esté registrado. En ese caso, semanalmente se cruzan los resultados con la base de datos para ver si hay coincidencia porque el animal haya sido registrado después y, si da positivo, se emite la multa. De 230 muestras tomadas (no analizadas todas aún), solo cinco han dado positivo. No inscribir al perro en el registro o no recoger sus heces tiene allí una multa de 217 euros.