La subvención de 40.000 euros que la Diputación de Córdoba concedió en en el 2016 a la Fundación Guadalquivir para la realización de una serie de talleres volvió ayer a la palestra después de que el grupo popular amenazara con llevar a los juzgados el caso, acusando de «trato de favor» y «falta de transparencia» a la institución provincial. Los diputados del PP Andrés Lorite y María Jesús Botella relataron en rueda de prensa que hace unos días, su grupo interpuso un recurso de reposición reclamando el acta de comisión de seguimiento y la documentación pertinente sobre la justificación aportada en relación a la subvención de 40.000 euros aprobada hace dos años.

Según los populares, la respuesta de la Diputación fue incompleta. «Nos han facilitado solo el acta de la comisión de seguimiento», indicaron, destacando que el acta «deja claro que la Fundación Guadalquivir», investigada en sede judicial por presunto uso irregular de fondos públicos, «no ha justificado en tiempo y forma el uso de ese dinero».

También cuestionaron por qué la Diputación, «que dio de forma excepcional a esta entidad una prórroga para poner al día la documentación exigida y pese a no haberlo hecho, sigue sin reclamar el reintegro de la subvención concedida». Todo ello, antes de anunciar que, de no obtener respuesta satisfactoria al recurso presentado en el plazo establecido, llevarían ante el contencioso administrativo a la Diputación.

Horas después, el Instituto Provincial de Bienestar Social hizo público un comunicado anunciando que ya ha iniciado la tramitación del expediente de reintegro total de la subvención concedida mediante la suscripción de un convenio de colaboración en el año 2016.

La vicepresidenta del IPBS, Aurora Barbero, detalla que dicha petición «se fundamenta en que de la documentación aportada para justificar la subvención no se puede deducir la realización completa de la actividad subvencionada» y que la documentación resulta «insuficiente».

El periodo de ejecución del proyecto finalizó en octubre del 2017, pero según Barbero, «no ha sido hasta el 6 de junio de este año cuando dicha documentación ha sido completada, procediéndose entonces a un análisis y estudio exhaustivo de la misma por parte de varios servicios de la Diputación. La Fundación tendrá un plazo de 15 días desde ayer para alegar o presentar los documentos que estime oportunos, según dicho comunicado.