La crisis del coronavirus tiene en vilo a las administraciones y organizadores privados de campamentos de verano, que están a la espera de que el Gobierno dé las directrices para su organización. Por otro lado, están los padres que han vuelto a trabajar y que no saben qué harán con los niños en vacaciones para poder conciliar.

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En Córdoba, once colegios participaron el año pasado en la Escuela de Verano, un proyecto del Ayuntamiento para favorecer el desarrollo de la infancia y adolescencia y apoyar a las familias en periodo estival. El año pasado la fecha de inscripción empezó el 5 de junio, pero este año, de momento, el Ayuntamiento no sabe nada. Fuentes municipales explican que están pendientes de las instrucciones sobre las medidas de seguridad que dicte el Gobierno, así como del plan de refuerzo educativo de la Junta de Andalucía. Desde la Delegación de Servicios Sociales también se está pendiente de las escuelas de verano, para cuya organización añaden otros condicionantes como las obras que hay programadas en algunos centros educativos.

En la Diputación de Córdoba optaron por una vía más pragmática y cancelaron directamente los campamentos que cada año organizan en Cerro Muriano y al que acuden niños de entre 8 y 19 años. La Delegación de Educación de la institución provincial suspendió la celebración de la actividad, que tenía que haber abierto su plazo de inscripción el pasado 1 de abril, en plena pandemia. El año pasado 2.000 chicos disfrutaron de esta opción de ocio en diez turnos divididos entre julio y agosto.

Quienes viven aún con más nerviosismo este compás de espera son los organizadores privados de campamentos, hasta el punto de que han formado el Colectivo Campamentos de Verano, con 500 empresas a nivel nacional de este sector, para hacer más visible su preocupación. «Cataluña y Baleares ya han publicado protocolos para campamentos, pero son muy restrictivos para las colonias con pernoctación, por eso nosotros le hemos enviado al Gobierno una propuesta más viable», explica Andrés, uno de los miembros de este colectivo. Entre las medidas que se exigen en esas dos comunidades que ya cuentan con normativa está la reducción del aforo o la colocación de literas a una distancia de 3 metros.

«El nuestro es un negocio muy estacional, que va desde la primavera hasta septiembre, por lo que el coronavirus nos ha pillado de lleno. Además, en el caso, por ejemplo, de las granjas escuela hay que añadir los costes fijos de alimentación de los animales, que no hemos podido reducir», explica.

El Colectivo Campamentos de Verano urge al Gobierno a salir de la duda cuanto antes, puesto que un campamento no se improvisa y la captación de clientes o la formación de los monitores también requieren un tiempo.