Un total de 1.803 denuncias por violencia machista en Córdoba. Esa es la cifra anual de denuncias registradas en la provincia durante el 2017 según los datos que refleja la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, publicada ayer. Esas 1.803 denuncias suponen casi un 20% más que el año anterior, cuando se registraron, según la misma fuente, 1.511. Tras esas denuncias, se esconde el rostro de 1.774 mujeres, de las cuales un 7% decidieron renunciar a continuar el proceso. El año pasado se adoptaron 322 órdenes de protección y, del total de sentencias dictadas por vía penal en el 2017 en Córdoba, 106 en total, el 40% fueron condenatorias para el agresor. En los últimos tres años, según señala dicha memoria, «las sentencias condenatorias han disminuido un 20%, caída que el año pasado representó un 3% respecto al 2016».
El incremento de denuncias registrado en Córdoba corre paralelo al del resto de Andalucía, donde los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron más de 35.000, un 18% más que el año anterior. La cifra «más dolorosa y preocupante», según el TSJA, del 2017 es que en Andalucía «se produjeron ocho muertes», cuando había acordadas medidas de protección en cuatro casos.
En este contexto, el Tribunal andaluz afirma que «las agresiones en el seno de las relaciones de pareja están lejos de desaprecer» y que las víctimas son cada vez más conscientes de que no deben tolerar situaciones de este tipo, ya que «el número de denuncias supone la cifra anual más alta desde su contabilización». Asimismo, el TSJA urge al Gobierno a «poner en marcha la aplicación de las más de 200 medidas recotidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género».
MENORES // El alto tribunal andaluz alerta además de un incremento notable del número de asuntos sobre violencia de género que llegan a los Juzgados de menores, un 15% más el año pasado que en el 2016, una realidad «que ha crecido considerablemente en los últimos seis años». Esta circunstancia, que se muestra también en «un aumento del 26% de los menores juzgados por este tipo de delitos en el último año», debe poner el foco también, según el TSJA, «sobre la persistencia y aumento de actitudes de este tipo de violencia en los más jóvenes».
La memoria se detiene también en el análisis de la implantación del plan de urgencia que previó la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia para los procedimientos de cláusulas suelo. Esta medida, «compleja y arriesgada», valora, necesitó «meses para su efectiva implantación» si bien recalca que se ha hecho sin «cumplir plenamente las necesidades de refuerzo de los juzgados, que carecen del número suficiente de funcionarios para el volumen de ingreso y de letrados de la administración de justicia con dedicación exclusiva». El «crecimiento desorbitado» de procedimientos se traduce en que, a 31 de marzo del 2018, se registraron 4.153 demandas solo en Córdoba.
En su análisis de necesidades judiciales, el TSJA señala el aumento previsto de 11 unidades judiciales en Córdoba, al tiempo que reclama «en una propuesta de mínimos» un incremento de seis plazas más: tres magistrados (2 en Penal y 1 en civil) para la Audiencia y una plaza judicial para Familia, Mercantil y Social.
