Como una película de serie B “vista otras veces” y con un guión malo ha definido la situación del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) Daniel Gómez, presidente del comité de empresa del organismo dependiente de la Diputación. Esta es la “herencia recibida” de Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, y Felisa Cañete, vicepresidenta de la institución provincial y coordinadora del Área de Bienestar Social, que “van a dejar a la provincia en situación de precariedad” en servicios sociales.
Según los representantes de UGT en el comité se ignora la representación de los trabajadores, no se cubren las bajas temporales, lo que conlleva un “deterioro del ser vicio y sobrecarga de trabajo”, como sucede en Hinojosa, Castro del Río, Doña Mencía y Montoro; no existe un reglamente de movilidad; de los 170 trabajadores del IPBS el 66% tienen sus puestos sin consolidar; más de 60 puestos están cubiertos por interinos desde el 2002; hay más de 60 trabajadores no fijos, sin que se haya “hecho caso” de un informe de valoración; denunciando, así mismo, el incumplimiento del convenio colectivo y de la convergencia salarial; y sin negociar ni publicar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), datando la última del 2011.
Por estos motivos el comité de empresa denunciará a la Asesoría Jurídica el incumplimiento del convenio, a pesar de que el presidente de la Diputación “pueda decir que la situación de los servicios sociales es favorable”, añadiendo Daniel Gómez que “no es así”, manifestando que los trabajadores continúan con su trabajo, a pesar de la sobrecarga laboral, procurando que la lista de espera para ser atendido en el IPBS tanto por educadores, psicólogos o médicos no supere los “10 o 15 días”,
