El sindicato Acaip ha denunciado esta mañana en rueda de prensa la preocupante "masificación" que sufre la prisión de Córdoba, en la que actualmente se encuentran más de 1.300 internos, entre ellos, un número elevado de presos considerados muy peligrosos, y los efectos que tal situación están provocando, entre ellos, que se registren una media de un incidente grave cada dos días. "En los meses de septiembre y octubre, 32 internos han sido trasladado al módulo de aislamiento por protagonizar algún incidente regimental grave (resistencia a los funcionarios, agresiones...)", ha señalado el delegado en Córdoba de Acaip, José Miguel Sánchez, que ha informado de que un solo trabajador tiene que hacerse cargo de módulos enteros con unos 120-140 internos.

En la misma convocatoria, José Luis Pascual, presidente nacional de Acaip diera a conocer la "gravísima falta de funcionarios" a la que se enfrentan los centros penitenciarios españoles y, en concreto el de Córdoba, "donde actualmente hay más de 50 plazas vacantes, lo que supone el 10% de la plantilla". Según Pascual, "a esto se sumará en breve que 23 funcionarios en prácticas se van a retirar de la prisión cordobesa sin que sus puestos vayan a ser ocupados por otras personas, agravando aún más la precaria situación actual, y aumentando la carga de trabajo de los funcionarios".

El sindicato ha criticado que en el centro ni siquiera se cumplan normas reglamentales básicas como que haya un solo preso por celda, ya que hay 1.008 celdas y más de 1.300 internos. También se ha referido a la reciente transformación del edificio de la nueva prisión de Archidona en centro de internamiento de inmigrantes, "una actuación que se ha llevado a cabo sin que curse ninguna publicación oficial y después de que se diera a conocer el traslado inminente de 700 funcionarios de instituciones penitenciarias a este nuevo edificio, que ha costado 150 millones de euros".

Pascual ha criticado que tras darse a conocer el concurso de traslado de estos 700 trabajadores, 15 de ellos de la prisión de Córdoba, el proceso haya quedado paralizado sine die por una decisión que contraviene la ley "ya que el juez ha dictado que estos inmigrantes no sean atendidos en una prisión". Los funcionarios denuncian que se están adoptando medidas arbitrarias y sin planificación que muestran "la desidia" de los responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Entre otras cosas, denuncian la "asignación y creación de nuevos puestos a dedo" y el reparto de 1,1 millones "que deberían ir a premiar la productividad de los trabajadores" entre los directores y subdirectores de las cárceles españolas a razón de 2.200 euros para cada uno de ellos. El repentino cambio de uso de la cárcel de Archidona estaría generando importantes problemas entre los funcionarios e internos, que ya habían planificado el traslado a Málaga para mediados de diciembre y que ahora ha quedado suspendido.