La delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, asegura, en declaraciones a este periódico, que "actualmente, hablar de pin parental en Andalucía no tiene sentido" y afirma, rotunda, que en Córdoba no se tiene constancia de ningún caso de denuncias de padres en este aspecto, pues lo ocurrido en Baena, de una denuncia por la emisión de un vídeo en clase, "yo lo dejaría en cuarentena, las noticias son contradictorias".

"Cuando una familia tenga la idea de que a su hijo se le está adoctrinando, siempre tiene el recurso de acudir al servicio de inspección, denunciar el caso y esto debe atajarse", ha asegurado Troncoso.

La delegada señala que "me da la sensación de que esto es una cortina de humo para quitar otros problemas que acucian a la educación". Según explica, "tenemos una ley, la Lomce, que está en vigor, como cualquier ley anteriormente, que contempla la educación en valores, la educación en tolerancia, en el respeto, contra la violencia machista, contra la lgtbifobia, contra la homofobia… es decir, todas las leyes educativas por las que hemos pasado contemplan esa educación en valores dentro del ADN de la educación y los docentes". Por tanto, dice, "me entristece que haya esa pérdida de confianza en los docentes".

Aparte de esa ley, "están las competencias sociales y cívicas, que tratan esto en el currículum y, además es obligación de todos los profesores el tratar de manera transversal toda esta serie de valores", afirma Inmaculada Troncoso. Pero la delegada va más allá y explica que "las familias están representadas en los consejos escolares y en el proyecto educativo, que conocen perfectamente los padres, porque es público, están aprobadas todas las actividades que se hacen, por tanto la intervención de la familia siempre es viva en un centro". Es decir, "el consejo escolar aprueba también una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el año, luego esa participación está. No veo la necesidad de esa desconfianza en los docentes".

Respecto a las actividades complementarias, que son las que se imparten dentro del centro educativo, recuerda la delegada que "son conocidas por el consejo escolar", donde están representados los padres. "Cuando un alumno entra por la puerta de un centro, los profesores somos los encargados de su educación, obviamente con toda la información a los padres, que siguen el proceso de evaluación de sus hijos y tienen el derecho a ser informados".

Los padres de alumnos

La presidenta de la FAPA de centros concertados, María Luis Lucena, se mostró a favor de implantar un pin parental en el sentido de "controlar y conocer lo que viene de fuera del colegio", que no tiene que ver con "la educación en valores, que yo respeto". En su opinión, el problema viene cuando "hay casos en los que se sobrepasa esa educación en valores y puede atentar contra la sensibilidad de determinadas personas". Para ella y su organización, "a veces los padres no tienen idea de quién viene de fuera a dar una charla a los niños", y al igual que "se nos pide aurtorización para salir del colegio, también debíamos darla para que vengan profesionales de fuera del claustro".

Por su parte, el presidente de la federación de asociaciones de padres de centros públicos, FAPA Ágora, Francisco Mora, señaló que "el pin parental está de más, realmente no es necesario". En su opinión, no hace falta autorización de los padres para que un profesional, un psicólogo o sociólogo, dé una charla sobre violencia de género en el colegio, por ejemplo, pues "es una materia curricular, que está dentro del curriculum del centro, y es éste el que debe controlar". Mora indica que "los centros están también para educar a nuestros hijos, no solo para recibir conocimientos, están con docentes preparados" en igualdad, democracia, solidaridad, valores "y los padres no podemos quitar ese derecho a la educación de nuestros hijos".