Disfruta de libertad desde el 13 de julio, día en que fue excarcelado junto a la primera tanda de 20 disidentes cubanos de los 52 en total que se han beneficiado del acuerdo entre el Gobierno castrista, la Iglesia y el Estado español. Primero se habló de que se iba a instalar en Miami; luego los comentarios se dirigían hacia Logroño (pero "tiene miedo al frío", decía su hijo Hansel hace unos días en una rueda de prensa) y ahora parece que se decanta por Córdoba, aunque la Subdelegación del Gobierno desconocía a media mañana de ayer cuándo llegaría. "Nos informarán como cortesía", apuntaba el subdelegado, Jesús María Ruiz, quien apuntó que Villarreal "vendrá como un ciudadano con un estatus especial y podrá residir donde quiera".

De momento, este economista y parte de su familia residen en un albergue facilitado por Cruz Roja en Alcobendas (Madrid), mientras que su hijo Hansel y su esposa se han establecido en la capital riojana.

Antonio Augusto Villarreal Acosta nació el 1 de septiembre de 1950 en la ciudad de Morón, en la provincia de Camagüey. Comenzó su andadura en la oposición en el año 1992 a través de la Coordinadora Obrera Cubana y poco después fundó el Frente Democrático Independiente, que más tarde formaría parte del Proyecto Varela.

Fue detenido el 19 de marzo del 2003 en la Primavera Negra , periodo en el que el Gobierno de Fidel Castro procedió al arresto de disidentes, en su mayoría profesionales como médicos y periodistas, a los que se sometió a juicios sumarísimos.

Acusado de violación de la ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida por la disidencia como Ley Mordaza , fue condenado el 3 de abril de ese año a 15 años de prisión. El 24 de abril del 2003 fue trasladado a la cárcel de régimen especial (máxima seguridad) de Boniatico, en Santiago de Cuba, a 500 kilómetros de su familia. En esa prisión estuvo 15 meses en una celda sin luz eléctrica y aislado, según afirman distintos órganos de la oposición cubana. Un año después le llevaron a Villa Clara, a la prisión de La Pendiente, donde convivía con reos comunes. Cuenta su hijo que dormía con los zapatos puestos por miedo a que se los robaran, y también cuenta que entró en la cárcel pesando 81 kilos y salió con 20 menos.

Pero el peso es lo de menos dentro de su estado de salud. Silvia Aguada, su esposa, alertaba a finales de mayo del deterioro físico y mental después de conseguir verlo en un centro de reclusión y trabajo de Palma Sola, eufemísticamente llamado granja de trabajo. A Radio Martí (emisora financiada por los Estados Unidos y que emite desde Miami, a escasos 100 kilómetros de Cuba) informó de que su marido ayuda en "algunos trabajos manuales", pero no percibe salario alguno.

Villarreal recibirá, lo mismo que sus compañeros de oposición, una ayuda de entre 500 a 750 euros --según la unidad familiar-- por un periodo de dos años mientras que encuentran una vivienda adecuada y empleo. Algunos de ellos ya están solicitando convalidaciones de estudios para poder ejercer una profesión.

Los disidentes están a la espera de que el Ministerio del Interior les conceda en los próximos días el estatus de la protección internacional asistida, una figura legal similar a la de refugiado político que les otorga permiso de residencia en España, volver a su país con autorización del régimen castrista y participar en actividades políticas, un lujo para quienes sufrieron prisión por intentar decir lo que pensaban.