El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, va a abrir una actuación de oficio para investigar el tratamiento con estimulación cerebral al que fueron sometidos 41 presos de las cárceles de Córdoba y Huelva en un trabajo realizado durante el 2016 y el 2017, actualmente suspendido.

Fuentes de la Oficina del Defensor han informado a Efe de que se ha decidido abrir esta queja, que se dirigirá en primer lugar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para obtener información sobre en qué consistió exactamente el estudio con estos internos, la cual tenía el visto bueno de esta institución así como de un comité científico de la Universidad de Huelva.

Las fuentes han precisado que es necesario la apertura de esta investigación porque "el hecho de que se trate de personas bajo custodia elimina la voluntariedad" de participar en dicho estudio.

Asimismo, han indicado que por el momento "no quieren prejuzgar nada", sino simplemente recabar información para aclarar en qué consistió ese tratamiento. Según adelantó el diario ABC, el objetivo de las pruebas realizadas a los reclusos era demostrar que se pueden calmar las conductas más agresivas con una corriente eléctrica liberada directamente al cerebro.

Para ello se seleccionaron un total de 41 presos, en los que se incluyeron también internos sin condena por delito de sangre como grupo de control, y se excluyeron aquellos con enfermedades psiquiátricas, neurológicas o adicción a drogas.