La abogada Pilar Torres, que representa al empresario Rafael Gómez Sánchez, está ultimando la redacción de las alegaciones al recurso presentado por la Fiscalía contra la concesión del tercer grado al fundador de Unión Cordobesa, para cuya presentación solo tiene un par de días.
El empresario se encuentra en prisión para cumplir una condena de cinco años y tres meses por un delito contra la Hacienda Pública, por impago de 28 millones de euros. La semana pasada el juez de vigilancia penitenciaria accedió a concederle el tercer grado, por considerar que no había riesgo de reincidencia, ni de fuga, estar atendiendo sus responsabilidades civiles y estar perfectamente cualificado para desarrollar su vida en la sociedad, además de presentar algunas enfermedades propias de su edad. Sin embargo, el fiscal consideraba que existía riesgo de reincidencia, haciendo alusión a su implicación en el caso Malaya, una causa cuyo juicio ya se celebró, está cerrado y que no tiene vinculación con esta causa, apuntan desde los círculos cercanos al empresario. Al respecto, el juez de vigilancia penitenciaria consideraba bastante improbable que reincidiera porque, al jubilarse, el encartado había abandonado toda actividad profesional y empresarial.
El fiscal criticaba también que era poca la aportación que había hecho para atender la responsabilidad civil impuesta en la condena, cuando desde la defensa del empresario se señala, según se recoge en el auto de concesión del tercer grado, que Gómez está haciendo aportaciones constantes y que incluso su paga de pensionista está puesta a disposición de este asunto.
Según ha podido saber este periódico, la presentación de este recurso no paralizará en principio que Gómez pueda salir de la prisión en próximas fechas y empiece a disfrutar del tercer grado penitenciario, lo que le permitirá pasar el día en la calle y por la noche dormir en el centro de inserción social de Las Quemadas. Otra cosa sería si prosperara el recurso en alguno de los estamentos donde se analice y se llegara a revocar tal decisión.
El ministerio público ha presentado un recurso de reforma ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y subsidiario de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que será, en caso de admitirlo, la última instancia que se ha de pronunciar sobre el futuro del fundador del grupo empresarial Arenal 2.000.
