La titular-jefe de la Asesoría jurídica municipal ha dado luz verde al expediente de contratación del servicio de Cercanías de Córdoba. La licitación de este contrato, al que solo puede optar por motivos obvios Renfe, y las condiciones técnicas y administrativas del mismo, tendrán que pasar ahora por la Intervención municipal antes de llegar a la Junta de gobierno local, donde se aprobará y se hará público. Según el contrato avalado por la asesoría jurídica se autorizará por una cuantía de 4,43 millones de euros el gasto que supondrá al Ayuntamiento la contratación, con cargo a las anualidades de 2017 (467.698 euros), 2018 (2,21 millones) y 2019 (1,74 millones).

En su informe la letrada responde a la Intervención municipal y al titular del órgano de apoyo a la Junta de gobierno local que «no es necesario cumplimentar, antes de proceder a la contratación del servicio público» la tramitación señalada por los dos órganos anteriores y que pasaba por que el Pleno aprobara la asunción del servicio «porque dicho servicio no es ni puede ser titularidad del Ayuntamiento ni es, evidentemente, una actividad propia del municipio». Además defiende como «único instrumento jurídico» para la prestación de este servicio que el Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias de Movilidad, es un contrato de servicio público con Renfe Viajeros, en el que se regule la prestación del mismo y las compensaciones que se derivan hasta que no sea declarado la obligación de servicio público por el Consejo de Ministros.

Hay que recordar que con fecha 3 de octubre, el Ministerio de Fomento confirmó que en el contrato que firmará con Renfe para la prestación de las obligaciones de servicio público se incluirá, «si así lo decide el Consejo de Ministros», el metrotrén o cercanías de Córdoba, asumiendo el ministerio el déficit de explotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A través de una carta, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda comunicó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el compromiso del Gobierno central con este proyecto y garantizó que se ha tomado la decisión de proponer su inclusión en la nueva declaración de obligaciones de servicio público.

Fuentes municipales indicaron ayer a este periódico que la declaración de la obligación de servicio público (por la que el coste del cercanías de Córdoba sería asumido por el Estado) no se vería afectada en caso de que el Gobierno central tuviese que prorrogar los presupuestos generales el año próximo.