El tribunal del jurado considera culpable de un delito de homicidio con la atenuante de entregarse a la Policía y reconocer los hechos al hombre de unos 48 años acusado de dar una puñalada mortal a otro varón de 59 años en septiembre del 2017 en la plaza Patio La Voz del Pueblo del barrio de Las Moreras de Córdoba, al tiempo que consideran que su hijo no fue cómplice. El presunto homicida se enfrenta a penas de diez a 12 años y seis meses de cárcel.

En la sesión de ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que dejó visto para sentencia el caso, el jurado consideró probado por unanimidad que el procesado se dirigió a la citada plaza sobre las 17.15 horas del día 2 de septiembre del 2017, «con la intención de acabar con la vida» del hombre, «portando un cuchillo o un arma blanca de similares características y de grandes dimensiones».

De este modo se dirigió hacía él y, «de forma súbita e inesperada, le asestó una cuchillada que le produjo una herida de entre ocho a diez centímetros» en el corazón, que «le produjo un shock hemorrágico» que le causó minutos más tarde la muerte.

También queda probado que unas dos horas antes del crimen «se había producido un altercado» entre ambos, en el que el acusado había resultado lesionado por una agresión del contrario y, a pesar de ello, «conociendo que el acusado podría volver con continuidad del incidente y con posibilidad de un nuevo ataque y altercado», el fallecido «permaneció en el lugar».

Asimismo, el jurado manifestó que la adicción a estupefacientes del procesado «no tuvo ninguna influencia en la realización de los hechos descritos», al tiempo que señaló que el acusado se entregó a las autoridades «antes de su detención y concreta imputación policial, facilitando la investigación del delito y con un implícito reconocimiento de hechos», como atenuante. El jurado, que no se mostró favorable a la concesión del indulto, apuntó a las declaraciones de testigos y los informes periciales, al tiempo que advirtió de «contradicciones» en los testimonios del acusado y familiares de la víctima y destacó la disposición del procesado al entregarse y reconocer la autoría.

LAS PENAS / En cuanto las posturas de las partes, el fiscal, Juan Antonio Merlos, ha pedido una pena de 12 años y seis meses de prisión, que, a su juicio, «es lo más ajustado a las circunstancias del hecho y cómo se produjo el mismo»; la acusación, representada por Francisco Poyatos, ha solicitado la misma pena que el Ministerio Público y se adhiere a sus razones, precisando que no se da la alevosía, pero «se acerca» a ella. Mientras, la defensa, representada por Marcos Santiago, ha pedido diez años de cárcel, dado que la atenuante «incide en la disminución de la culpabilidad», porque «muestra una voluntad de reparar el delito en la medida de lo posible», defendió.