La legalización de parcelaciones vuelve a atascarse. En esta ocasión, Cuevas de Altázar (Villarrubia) es la urbanización que se está encontrando con problemas, a pesar de los pasos dados y de lo cerca que está de llegar al final, a raíz de los que ha decidido en una asamblea concentrarse ante Urbanismo el 1 de diciembre y colocar pancartas de protesta en las vallas de las parcelas. Además, y según explica el presidente de la junta de compensación, José Manuel León, en la asamblea se decidió exigir la dimisión del presidente y del gerente de Urbanismo por el retraso del proyecto de urbanización, aprobado de forma inicial en abril, y de la inscripción de las parcelas como urbanas en el Registro.

Entre las sorpresas que se ha llevado Cuevas de Altázar está que necesita presentar un informe de impacto medioambiental, solicitado por la Junta, que retrasará aún más el proyecto de urbanización. Se trata de un caso similar al del centro comercial de Rabanales 21. A esto se suma que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pide en un informe aclaraciones sobre el proyecto de urbanización. Además, y según León, «está parado el registro de los solares al no haber subido Urbanismo los datos geotécnicos al fichero informático del Catastro» para que contraste la información. Por último, León explica que la delegación municipal de Hacienda ha reclamado 37.000 euros a los parcelistas morosos, que tiene en su poder el Ayuntamiento y que la junta de compensación aún no ha recibido. Ante esto, la parcelación ha decidido elaborar los dos informes pedidos (planteando reparos al de la Junta) y realizar el deslinde de una calle que pertenece al Ayuntamiento.

Por su parte, Urbanismo asegura que viene «colaborando con la junta de compensación» en su «reconocido esfuerzo» para tramitar su legalización pero que «la legislación urbanística y la sectorial», así como la relativa al Registro de la Propiedad, «es bastante compleja y, por ello, el proceso se dilata bastante en el tiempo». En relación al proyecto de urbanización, afirma que, «al afectar a una superficie mayor de 10 hectáreas, la Consejería de Medio Ambiente, en su informe emitido el 5 de septiembre del 2017, indica que de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental», antes de la aprobación definitiva, «debe tramitarse la autorización ambiental unificada». A esto se une que la CHG, «en su informe del 30 de octubre del 2017, indica algunas observaciones que se han de cumplimentar». Por ello, asegura que «no es posible la aprobación definitiva del proyecto de urbanización» y ofrece «la máxima colaboración para los trámites» necesarios.