El empresario cordobés Rafael Gómez conocerá, previsiblemente, la semana que viene una decisión judicial que podría permitirle permanecer en libertad, al menos, unos meses más o, por el contrario, le enviará a prisión de inmediato. Una vez solicitado el indulto ante el Gobierno central, el juzgado de lo Penal número 3 debe decidir ahora si aplaza la entrada en la cárcel hasta que se conozca la respuesta, aunque los datos que se van conociendo al respecto no son positivos.

De este modo, Europa Press informó ayer de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado apuestan en sus respectivos informes de alegaciones por que no se suspenda la pena de prisión y estos son documentos que el juez tendrá en cuenta para decidir. A esto se añade el hecho de que Gómez no ha abonado la indemnización que tiene que pagar a Hacienda -próxima a los 29 millones de euros- como autor de dos delitos fiscales, por lo que tampoco habría reparado el daño cometido.

A pesar de estas circunstancias, fuentes próximas al caso indican que el entorno del también exconcejal de UCOR en el Ayuntamiento de Córdoba confía en que «se puede restituir la inocencia» a través del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para que anule la sentencia que le condenó. También apuntan que, dada la situación generada por el conflicto secesionista en Cataluña, la resolución sobre la admisión a trámite de este recurso podría demorarse hasta el próximo mes de diciembre. Junto a esto, señalan que el círculo de Gómez tiene la «esperanza máxima de que no entre en prisión», ya que mantiene su inocencia y se pregunta «¿Quién le resarce?» si finalmente se demuestra. El empresario, de 74 años de edad, fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y al pago de una multa de casi 112 millones de euros.