La comisión de la Memoria Histórica aprobó el miércoles sus conclusiones con un altísimo nivel de unanimidad, pese a lo espinoso que sigue siendo nuestro pasado reciente para algunos. Este grupo de trabajo se ha afanado durante meses en aplicar la ley de Memoria Democrática y eleva al Pleno una serie de conclusiones que pasan por la dignificación de las víctimas, el impulso a las exhumaciones y la eliminación de la simbología del franquismo en el callejero de Córdoba. Apenas un puñado de nombres rompen el consenso de este trabajo. Si me apuran, la polémica no llega a tres calles. Las conocen ya todos: la plaza de Cañero, la calle Cruz Conde y la avenida Conde de Vallellano.
Con habilidad, el PP planteó el miércoles la posibilidad de celebrar un referéndum sobre los nombres que suscitaran dudas, bien por su arraigo popular -el caso de Cañero, pese a que la metonimia se comió hace tiempo al rejoneador-, bien por los matices del personaje histórico en cuestión.
En el seno de la comisión, que se celebró ese mismo día por la tarde, IU propuso cambiar la redacción de un párrafo que sugería «la participación de las organizaciones ciudadanas» en el cambio de nomenclatura. Para esta formación, la participación ya se había producido en el seno de la misma comisión, con la inclusión de los foros memorialistas, del mundo académico y del Movimiento Ciudadano, por lo que no tenía sentido abrir de nuevo el debate una vez votadas las conclusiones. La tesis, que comparte Ganemos, es la siguiente: no se vota una ley en vigor.
El jueves, las palabras de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, sobre una posible consulta fueron ambiguas, ya que al ser preguntada por ello dijo que «no se debe poner problema» a la participación, lo que fue interpretado como que se abría la puerta al referéndum. Pero no. El viernes, Emilio Aumente, teniente alcalde de Presidencia, fue taxativo: «No habrá referéndum, pero buscaremos el consenso», dijo. ¿Cómo? Eso no lo explicó, aunque se mostró convencido de que hay «fórmulas» que permiten acatar la ley sin tener que cambiar los nombres de las calles, y puso un ejemplo: renombrar la avenida del Conde de Vallellano por Vallellano a secas. La idea del PSOE es no llevar al Pleno el dictamen hasta que no cuente con la unanimidad de la Corporación local, lo que choca, aunque ambos lo nieguen, con la urgencia expresada por IU, que aboga por llevarlo íntegro y cuanto antes. El PP puede sentarse a esperar.
Y al final no hubo huelga
El gobierno local logró esquivar el parón de 48 horas convocado por los trabajadores de Aucorsa justo antes de que el árbitro pitara el final del partido. Los argumentos ofrecidos por la empresa de que las reivindicaciones de la plantilla tendrían un coste económico inasumible (la reducción de la jornada laboral de 9 horas y poder tomar la mitad de sus vacaciones en verano, algo que disfrutan, por cierto, el resto de empresas municipales), parecían no tener el peso suficiente para soportar el coste político de una huelga. El PSOE, al frente de esta empresa municipal, reaccionó tarde -la negociación del convenio colectivo llevaba atascada desde noviembre- pero a tiempo, y terminó negociando in extremis con los trabajadores, y arrancando un acuerdo que no satisface a nadie pero que cumplió su pragmática misión: parar la huelga.
Notición para terminar
Menos mal que para terminar la semana, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de obligatoriedad del servicio público del cercanías, por lo que el Estado asumirá el déficit de explotación. Todos contentos. Ahora ya solo falta que el tren llegue a Almodóvar y a Villa del Río para hacer la cuadratura del círculo.
