El sindicato CTA ha denunciado la situación que llevan viviendo las empleadas de ayuda a domicilio de Córdoba desde que empezó la pandemia y ha exigido al Ayuntamiento y a la empresa Servisar que realice las pruebas de covid-19 que se anunciaron antes de la desescalada y que aún no se han llevado a cabo a ninguna de ellas. Según los portavoces del sindicato, más de 900 personas, la mayoría mujeres, están trabajando ya a tiempo completo con los usuarios de ayuda a domicilio sin que se hayan realizado las pruebas para conocer si hay alguna trabajadora infectada y evitar así que se puedan producir otros contagios.

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Las delegadas de CTA han reiterado que desde que empezó la pandemia, la empresa se ha desentendido de aportarles las medidas de protección necesarias para realizar su trabajo diario, algo que han denunciado ante el Ayuntamiento, que puntualmente les aportó algunas mascarillas, "aunque sin acelerarse por la situación", afirman, y a la Inspección de Trabajo de Córdoba, ante la que se denunció el pasado 20 de abril, "pero aún no se han pronunciado".

Desde el 15 de junio, está incorporada toda la plantilla. En mayo, unas 200 personas pasaron por una primera prueba del coronavirus, según el sindicato, pero de cara a la incorporación de todas las trabajadoras, se anunció la realización de tests a todas las empleadas, "y no se ha hecho a nadie ni nos han dado una fecha de inicio ni nada".

Las trabajadoras recuerdan que trabajan con "la población más vulnerable de esta pandemia", las personas dependientes de Córdoba, y piden al Ayuntamiento que "exija a la empresa a la que ha adjudicado este servicio que cumpla las condiciones establecidas en el contrato" porque "es su responsabilidad con los usuarios y con los trabajadores, que somos ciudadanos de Córdoba". En las últimas semanas, el material de protección se está llegando algo más, "pero sigue siendo escaso y de mala calidad", comentan.

Respuesta de Servicios Sociales

Por su parte, la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha respondido que «los epis son obligación exclusiva de la empresa» y en cuanto a las pruebas covid, han «colaborado trasladando los listados de trabajadores a la Delegación de Salud de la Junta, que es quien marca los tiempos». También señalan que como Ayuntamiento, están «a la espera de las denuncias en la Inspección de Trabajo o la Fiscalía, y del resultado por si pudiera acarrear un incumplimiento del pliego o de los derechos de los trabajadores o se riesgo para la salud de estos o de los usuarios»