CTA califica de "sangrante" la situación de la estrategia regional andaluza de cohesión e inclusión social de intervención en zonas desfavorecidas de la Junta de Andalucía, que con tanto eco mediático se vendió en la anterior legislatura andaluza y que debían poner en marcha los ayuntamientos. "No entedemos que esté el dinero, el personal seleccionado y que por problemas de gestión se quede sin desarrollar el plan", lamentan y aseguran que durante el mandato de Isabel Ambrosio ya se perdió un millón de euros en contrataciones para este plan y que ahora podría ocurrir lo mismo.

La estrategia tiene una duración de 4 años (2018-22) y una dotación económica de 5 millones de euros financiada por la Junta de Andalucía. Según CTA, de entrada, el Ayuntamiento de Córdoba perdió ya un millón de euros en el primer año. Ese montante es el que debería haberse destinado a la contratación de tres técnicos para la elaboración del plan en las zonas señaladas, 18 trabajadores sociales y 11 educadores para su ejecución. "Ese año no hubo ninguna contratación por los bloqueos constantes desde el departamento de persona y se tuvo que devolver la primera nulidad", explican en CTA.

Hasta octubre del 2019 no se empezaron a hacer las primeras contrataciones y a fecha de hoy continúan sin incorporarse 11 trabajadores sociales y 7 educadores sociales que pasaron el reconocimiento médico en diciembre, denuncian desde el sindicato que avanza que "parte de la anualidad del 2020 tendrá que devolverse por no haberse contratado al personal". Por no hablar, añaden, del personal informático, psicólogos, animadores socioculturales y promotoras de igualad para los que ni siquiera ha empezado la contratación.

Por otra parte, el sindicato CTA ha vuelto a denunciar la situación de los servicios sociales municipales y el problema "estructural" de la escasez de personal. "Vemos como cada año que pasa hay menos profesionales y más plazas sin cubrir", lamentan desde el sindicato que también critica que no se estén cubriendo las plazas de las jubilaciones. Asimismo, en CTA dicen no comprender por qué pese a que el Ayuntamiento dispone de esta información no ha iniciado una convocatoria de plazas de trabajo social ni de educadores sociales que cubran mínimamente ese vacío. Por otro lado, las zonas de trabajo social siguen sin contar con psicólogos, pese a la obligación de la ley de Servicios Sociales.