El secretario general del sindicato CTA, Francisco Moro, y el secretario de organización de este sindicato en Córdoba y de la Vega del Guadalquivir, José Parras, rechazaron ayer las críticas a los trabajadores encausados por defraudar a la Seguridad Social con la compra de jornadas que les permitieran llegar al mínimo para cobrar el desempleo, unos 300 casos en Córdoba, y se las devolvieron al Gobierno, a la propia normativa que crea un agravio con el Régimen Especial Agrario y a determinados empresarios. Así, Moro afirmó que «la víctima es el trabajador», al que algunos empresarios no le reconocen las jornadas trabajadas, propiciando así la compra de jornales.