CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Andalucía y en Córdoba, ve como un “auténtico despropósito” el plan para la vuelta a las aulas en septiembre trazado por la Consejería de Educación y Deportes que, a juicio del sindicato, “desprotege a docentes y equipos directivos, haciendo recaer sobre ellos toda la responsabilidad y sin disponer de los recursos materiales y humanos necesarios”.
La responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García Rubio, critica en una nota de prensa que las instrucciones sobre la organización de centros educativos para el curso 2020-2021 de la Viceconsejería de Educación que “no vienen acompañadas de los recursos suficientes y del personal cualificado que sería necesario desde un punto de vista técnico en materia de prevención de riesgos y desde el punto de vista sanitario”. En su opinión, “los equipos directivos quedan desprotegidos, al hacerles responsables de las medidas preventivas y de control que se adoptan en los centros y que no les corresponden”.
Al inicio de curso, según explica la representante sindical, se tienen que emprender actuaciones técnicas y pedagógicas y para ello “la Administración andaluza se inventa figuras que cargan a docentes y equipos directivos de responsabilidad, si bien dichas fórmulas son de dudosa efectividad y carecen de la formación técnica que sería necesaria para afrontar la actual situación”.
“Se inventan un equipo Covid por centro educativo, integrado por docentes y un representante de cada ayuntamiento, responsabilizando a dicho equipo de la elaboración de un plan de contingencia en el que se tenga previsto, entre otras cuestiones, si la educación va a ser presencial o a distancia, las medidas de prevención, higiene y de promoción de la salud a adoptar. Son cuestiones todas ellas de tipo técnico y algunas de gran calado que no le son propias, manifiesta García. En este sentido, subraya que “la Administración se autoexime de toda responsabilidad que debiera corresponderle, pero sí adopta un sinfín de exigencias desde un punto de vista técnico y pedagógico hacia los equipos directivos y docentes”.
En este sentido, lamenta que el Ejecutivo andaluz “haya hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de CSIF sobre dotar y reforzar las plantillas de las unidades de prevención, porque en estas unidades se cuenta con personal cualificado y es éste el que debería ejercer un papel muy activo en la evaluación de riesgos de los centros”. A este respecto, añade que “los técnicos de dichas unidades no deben estar contemplados como meros asesores para resolver dudas puntuales, tal y como aparece en las instrucciones, sino que deben tener un papel activo en la elaboración de los protocolos de actuación que van a tener que implementarse”.
CSIF Educación Córdoba considera que “se va a iniciar un curso inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes y sin haber hecho las evaluaciones de riesgos correspondientes”, al tiempo que señala que “también se ha hecho oídos sordos a las funciones que tienen los comités de seguridad y salud, que se han convocado, en el mejor de los casos, una vez durante toda esta crisis”.
Por otra parte, García considera insuficiente el profesorado de refuerzo previsto por la Junta, “que se concreta en unos 4.014 efectivos para la enseñanza pública en la comunidad, de los que en Córdoba serían unos 400, un número que se queda muy corto en un sistema educativo público de las dimensiones del que tenemos en nuestro territorio”. CSIF calcula que sólo el 50% de los centros se beneficiarán de la subida del empleo docente previsto por la Consejería para el próximo curso.
Además, califica de “error garrafal que para este curso escolar se continúen destruyendo unidades en la escuela pública. Según ha tenido conocimiento el sindicato, en Córdoba se perderán el próximo curso escolar un total de 31 unidades, 16 de Infantil, 8 de Primaria, 6 de Secundaria y una de Formación Profesional (FP). En la capital serán 7 los centros públicos que se verán afectados por estas medidas (los CEIP Guillermo Romero Fernández, Obispo Osio, La Aduana, Concepción Arenal, Alfonso Churruca y Hernán Ruiz, así como el IES Puente de Alcolea), mientras que en Puente Genil serán otros tres (los CEIP Castillo Anzur y Miragenil y el Colegio Rural Maestro Rafael Chacón Villafranca) y en Lucena hay dos (los CEIP Virgen del Valle y Antonio Machado).
También se eliminarán unidades en Cabra (IES Felipe Solís Villechenous) en Priego de Córdoba (CEIP Niceto-Zamora y Torres), en Peñarroya-Pueblonuevo (IES Alto Guadiato), uno en Villa del Río (IES Estrella), en Hinojosa del Duque (CEIP Inmaculada), en Montemayor (CEIP Miguel de Cervantes), en Villafranca (CEIP Teresa Comino), en Bujalance (CEIP Juan Díaz del Moral), en Moriles (CEIP García de Leániz), en Iznájar (IES Mirador del Genil) y en Torrecampo (CEIP Veredas).
“En la situación actual, es el colmo que se continúe con la senda de eliminación de unidades en la pública cuando ello supone aumentar la ratio de los grupos-clase, es decir, el número de alumnos por grupo, cuando es algo que desaconsejan las medidas sanitarias y el propio sentido común”, agrega García.
En suma, para CSIF el plan de vuelta a las aulas en Andalucía “es un plan poco ambicioso, en lo que a dotación de recursos se refiere, y confiere constantemente la responsabilidad a los equipos docentes y directivos, además de crear unas figuras de dudosa efectividad. Todo ello para aparentar un cierto control o la implementación de medidas”. “Se han intentado vender de forma grandilocuente macro cifras que , a poco que se analicen, en un sistema educativo de la magnitud del andaluz, resultan insuficientes, con un plan poco ambicioso y que no está a la altura de lo que se necesita, porque --insiste-- no puede recaer todo el esfuerzo en el profesorado, al que se carga con multiplicidad de tareas pedagógicas, burocráticas, de adaptación de programaciones o diseño de dos tipos de programaciones (presencial y a distancia), entre otras”, concluye García.
