La comisión delegada para el estudio de la titularidad de la Mezquita Catedral fue creada ayer por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de revertir la inmatriculación de este monumento realizada por la Iglesia católica en el año 2006. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, precisó que el «interés claro» del equipo de gobierno es «llevar la titularidad a lo mismo que había antes de la inmatriculación que hizo el cabildo», por lo que el resultado sería que ninguna entidad o institución tendría atribuida la propiedad del edificio.
Hace algunos días, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, señaló que esta situación se correspondería con la titularidad pública del templo, aunque el teniente de alcalde de Presidencia no hizo alusión ayer a la voluntad de reivindicarla. Aumente precisó que la Junta de Gobierno se ha acogido al artículo 164 del Reglamento Orgánico para constituir esta comisión, que apunta que las deliberaciones serán secretas. Por el momento, se ha avanzado que el nuevo órgano será presidido por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y que estará integrado por entre 4 y 8 expertos nombrados por la alcaldesa. Aumente puntualizó que el presidente no tiene una asignación económica y «no hay ningún costo» en el caso de los expertos, pero «si lo hubiera, tendríamos que pasarlo por los órganos correspondientes». A preguntas de los periodistas, subrayó que «no hay gastos de visita de Mayor Zaragoza», que estuvo en Córdoba en el pasado mes de mayo.
El portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, avanzó ayer que estudiarán el objeto de la comisión, los miembros y su financiación, así como la posibilidad de recurrir ante los tribunales, porque si su finalidad «es, como se dice, estudiar la reclamación sobre la titularidad pública, ya hay un informe de la asesoría jurídica» que, según recordó, atribuye la propiedad a la Iglesia católica.
OTRAS MEDIDAS/ La Junta de Gobierno aprobó ayer, entre otras cuestiones, un incremento del gasto de 78.006 euros en la obra de Capitulares; una operación de tesorería por valor de 300.000 euros para garantizar la liquidez en la Orquesta de Córdoba y la pérdida del derecho de cobro de parte de una subvención (algo más de 7.600 euros) otorgada a la Real Academia. Además, dio luz verde a la acumulación de los recursos de alzada presentados contra resoluciones del tribunal calificador de la selección definitiva de 62 plazas de auxiliar administrativo y a su desestimación.
Emilio Aumente informó de que en una sentencia del juzgado de la Contencioso-administrativo número 3 de Córdoba se ha declarado nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se declaran servicios públicos esenciales o prioritarios para permitir nuevas contrataciones en el Ayuntamiento, un fallo que llega tras el recurso planteado por la Abogacía del Estado.
