El desgraciado final de Julen, el niño de dos años que el pasado sábado fue rescatado sin vida de un pozo de 25 centímetros de diámetro al que había caído trece días antes en Tolalán (Málaga), ha traído a la primera línea una realidad escondida, y es la existencia de miles de pozos abandonados repartidos por toda la geografía nacional que pueden convertirse en una trampa mortal. ¿Cuántos son? Esa es una pregunta imposible de contestar, precisamente porque una inmensa parte de ellos son ilegales y escapan del control de la autoridad competente. En el caso de la provincia, hace una década Ecologistas en Acción cifró en 5.500 estas aperturas irregulares, una cifra que ayer no se atrevió a refrendar Joaquín Reina, representante de dicha organización, si bien sí indicó que «la mayoría de los pozos tiene menos papeles que una liebre». Reina comentó que en los años 80 y 90, con el boom de las parcelaciones, «se produjo también un incremento de este tipo de prospecciones» y añadió que «el control ha sido y es bastante escaso».

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), dependiente de la Guardia Civil, y los guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir son los que inspeccionan este tipo de excavaciones. Los expedientes administrativos se pueden iniciar como resultado de la denuncia del Seprona, de los agentes medioambientales, del propio personal del Servicio de Minas de la Junta o por la denuncia de un particular. No obstante, una vez alertado de una posible irregularidad detectada en un pozo o sondeo, son los técnicos de Minas quienes corroboran sobre el terreno si la perforación incumple algún apartado de la legislación vigente.

Según los datos facilitados a este diario por el departamento de Industria, Energía y Minas, durante el año 2018 se dieron 582 autorizaciones de obra para pozo/sondeo y 40 autorizaciones de puesta en servicio en Córdoba. En cuanto a las sanciones, se resolvieron 25 expedientes y se impusieron multas por importe de 28.840 euros. Esta cifra, nada disparatada, arroja luz sobre una realidad que también ha saltado a la palestra ahora, y es que son muchos los que prefieren arriesgarse a ser denunciados y pagar una sanción que hacer las cosas en regla desde el principio.

Es precisamente el estudio de ingeniería que requieren las comunidades autónomas lo que más encarece el proceso de regulación, sin olvidar que la burocracia administrativa puede tardar entre 18 y 24 meses, un tiempo demasiado largo en el que el interesado no tiene la certeza de que finalmente vayan a legalizarle el pozo o sondeo. «Demasiada espera y dinero invertido quizás para nada», comenta Joaquín Reina, quien apunta que «por ello muchos deciden tirar para adelante» y pagar una multa «si los pillan».

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha apuntado que «tenemos un problema, porque cuesta más barato hacer un pozo ilegal que pagar la sanción» correspondiente por ello.

Además de las inspecciones a pie de sus guardas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabaja desde hace tres años mediante la teledetección para intentar localizar los puntos de agua no regularizados. «Con los medios que tenemos realizamos una gran labor», apuntan desde este organismo, que es el que da la autorización en todo lo que se refiere a la derivación de aguas. Según los datos facilitados a este diario por la CHG, el número de expedientes incoados en Córdoba durante 2017-2018 por captaciones de aguas subterráneas sin concesión es de 106. De ellos, 103 son leves y el resto, graves.

Desde el caso de Tolalán existe una mayor conciencia social. Así, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Emilio Aumente, señaló ayer que solo el sábado se taparon de manera provisional ocho pozos al descubierto. Todo es poco para evitar otra desgracia.