Los efectos que ha tenido el coronavirus en la economía cordobesa son incomparables a los de cualquier crisis económica por la fuerte virulencia de las consecuencias en tan escaso tiempo. La reflexión es de Antonio Díaz, presidente de los empresarios cordobeses. El análisis de los tres meses del estado de alarma y su afección en la economía de la provincia no deja dudas. Caída de empresas, aumento del paro, amortiguado por los más de ocho mil expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aprobados en Córdoba, cierre de comercios y de establecimientos de hostelería y cese de producción y venta de la mayoría de las actividades que no fueran de interés general.

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Esa incidencia de la pandemia en la capital cordobesa se ha acentuado en sectores como el turismo, pues el estado de alarma ha coincidido con los meses de temporada alta. Solo hay que recordar los turistas que llegaron en el 2019 a la ciudad de Córdoba en estos tres meses: 289.881 visitantes que dejaron 478.442 noches de hotel. Si se incorpora también junio, pues la mayoría de establecimientos siguen cerrados y la movilidad entre comunidades estaba prohibida hasta el final del estado de alarma, las pernoctaciones fueron 614.834. Al estar cerrados los hoteles desde la segunda quincena de marzo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha facilitado datos provincializados desde el mes de febrero.

Otro de los sectores que más han sufrido la caída de la actividad ha sido el de los concesionarios de vehículos. Entre enero y mayo se vendieron en la provincia solo 2.072 turismos y todoterrenos, lo que supone menos de la mitad (-52,5%) que el año anterior en este periodo. Las cifras entre marzo a mayo fueron desoladoras en la provincia: 221 matriculaciones en marzo; 16 en abril y 327 en mayo.

Las exportaciones también se vieron frenadas durante el estado de alarma. Hasta el momento, los últimos datos son de marzo y abril. En marzo se redujeron un 1,5%, pero en abril la caída fue muy brusca al descender un 22,8%. El acumulado de enero a abril refleja que las ventas exteriores de la provincia disminuyeron un 7,3% al situarse solo en 618 millones de euros.

El traslado de la crisis sanitaria a la empresa y al empleo resulta también demoledor. A finales de febrero había en la provincia 26.021 empresas dadas de alta en la Seguridad Social. Al término de mayo se contabilizaban 22.985, después de que remontase la cifra en mayo respecto a las 22.430 que había al cierre de abril. El número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social pasó de los 298.225 del mes de febrero a los 281.176 de mayo (20.192 menos que en mayo del 2019), mientras que al término de mayo había 85.843 parados en los servicios públicos de empleo, lo que supone 17.880 más de los que se registraban en mayo del 2019. En febrero se contabilizaban en la provincia 71.783 desempleados.

En la cifra de parados no se incluyen los trabajadores que están en ERTE. El último avance de la Junta de Andalucía es del 6 de mayo, cuando aseguró que en Córdoba se habían resuelto 8.355 solicitudes de ERTE, que afectaban a 41.755 trabajadores, mientras que la cifra de registrados en la Delegación de Empleo ascendían hasta esa fecha a 8.404 y 43.217 trabajadores.

Preocupaciones

Ante este panorama, desde empresarios y sindicatos se espera que lleguen los incentivos para impulsar la actividad económica en la provincia, aunque también mantienen una gran preocupación ante la posible aparición de un rebrote de la pandemia en Córdoba que pueda provocar que la economía se vuelva a paralizar en un momento en el que las empresas se encuentran en una complicada situación. Así lo señala el presidente de CECO, Antonio Díaz, que considera que el otoño «va a ser clave para que muchas empresas puedan seguir funcionando y mantener el empleo». «La población debe tomar medidas para evitar que haya un rebrote que complicaría más la recuperación», señala Díaz. El presidente de CECO recuerda que la crisis del 2008 fue una crisis financiera «pura y dura». «Ahora no es una crisis financiera, sino una crisis de salud, que ha degenerado en una parálisis y un cierre de actividad. Cuando una empresa se queda sin liquidez y después queda en la insolvencia, el siguiente paso es el concurso de acreedores y ahí es donde tenemos que actuar para evitarlo; para eso es fundamental que los ERTE puedan llegar a finales de año».

De igual forma se posiciona el presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor: «Me preocupa sobre todo un posible rebrote del virus que, además de las consecuencias que traerá para nuestra salud y la de nuestras familias, provocará efectos negativos para nuestra economía, ya de por sí muy dañada por la primera oleada del covid-19».

Los sindicatos UGT y CCOO insisten en el riesgo de un rebrote en la nueva etapa que se abre ahora tras el final del estado de alarma, aunque también muestran sus preocupaciones por otros aspectos que deja la crisis del covid-19. El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, lamenta que esta nueva crisis llegue en una etapa en la que la economía de los cordobeses no había terminado de recuperarse tras las consecuencias de la iniciada en 2008. «Me preocupa mucho que haya empresas anquilosadas en recetas antiguas, que no hayamos aprendido de la historia, que después de más de una década no hemos llegado a los niveles de recuperación del 2008», señala Palomares, que advierte de la situación en la que se encontrarán los jóvenes y las mujeres.

La secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, teme que las empresas, «por miedo a un rebrote, se retraigan y no lleven a cabo las inversiones que hubieran desarrollado en un escenario económico más estable y que esto tenga una repercusión negativa en el empleo». Asimismo, propugna que los ERTE lleguen hasta final de año. «Nos preocupa que con la excusa de la crisis se aproveche para despedir a los trabajadores y para empeorar las condiciones laborales».