Decenas de familias cordobesas que viven en viviendas de alquiler social tras haber perdido sus viviendas que ahora son propiedad de distintos bancos tendrán que negociar con ellos, como grandes arrendadores, posibles aplazamientos o rebajas de sus cuotas si sus ingresos se han visto reducidos por el estado de alarma decretado por la epidemia de coronavirus. Cabe recordar que la mayoría de estas familias tienen asignado un alquiler social debido a la precariedad de su situación económica.

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En líneas generales, para los inquilinos de grandes arrendadores, en este caso, los bancos, el Real Decreto con medidas aplicables a los alquileres prevé una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad hasta un máximo de cuatro meses. La otra opción es negociar una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma aplicable también por un plazo máximo de cuatro meses que se pagará sin intereses ni penalización en un plazo mínimo de 3 años.

Según fuentes de la Asociación de Familias Necesitadas de Córdoba (Anfane), el banco Sabadell ha comunicado a sus inquilinos su intención de realizar una moratoria en el pago de la renta aplicable desde abril a junio en los alquileres de su Fondo Social de Vivienda, con la intención de prorratear los pagos aplazados en el resto del contrato de alquiler vigente.

Otras entidades, sin embargo, aún no se han manifestado. Rocío vive en el que fue su piso en propiedad hasta que fue entregado al banco en "una especie de dación en pago" cuando la cuota de la hipoteca se disparó y ya no pudo hacer frente a las mensualidades. Hace cuatro años, firmó un alquiler social con la entidad por un periodo de tres años, que volvió a renovar el año pasado. "El día 7 de febrero se cumplió la fecha tope del alquiler y estábamos en trámite para solicitar una renovación porque mi situación económica sigue siendo la misma, pero lo último que he recibido es un burofax anunciando que todo queda paralizado de momento mientras dura el estado de alarma". De momento, "sigo pagando los 200 euros de cuota que me corresponden a la espera de que esto se solucione".

Soledad, por su parte, vive igualmente en un piso de alquiler social que antes fue de su propiedad hasta que se divorció y su expareja dejó de pagar la parte de la hipoteca que le correspondía y ella no pudo hacer frente de su deuda y acabó perdiéndolo. "Estaba trabajando en un bar por horas hasta que empezó lo del coronavirus y el dueño tuvo que hacer un ERTE", explica, "el último día que fui a trabajar fue el 15 de marzo". Su situación económica ha venido a menos en pocos días. Madre de tres hijos, "no tengo paro ni nada y estoy a la espera de cobrar la ayuda de 430 euros que no sé cuándo me ingresarán", explica. En esta situación, "aunque el alquiler son 150 euros, debo el mes de marzo y en abril no creo que pueda pagar tampoco", por lo que espera poder negociar con el banco un aplazamiento mientras dure la situación actual.

Por otro lado, Anfane ha explicado que hay muchas familias en situación vulnerable que están intentando ya solicitar la moratoria de seis meses de la hipoteca prevista por el Gobierno tras decretar el estado de alarma, aunque lamentan que "las solicitudes exigen la preparación de mucha documentación, lo que dificulta mucho el proceso", especialmente, "en un momento como este en el que todo tiene que hacerse telemáticamente y no hay acceso directo a los organismos públicos". Lo mismo ocurre con el decreto relativo a los alquileres, de 88 páginas, "lo que supone una gran cantidad de información que hay que digerir antes de iniciar trámites e informar a las familias".