"He llamado a Cáritas, a Cruz Roja y las asistentas sociales y no tienen alimentos para darnos y nosotros no tenemos dinero para comprar». Es el lamento, en medio de la crisis del coronavirus, de Estela, una vecina del Sector Sur con un hijo cuyo único ingreso en este momento es la ayuda familiar de 430 euros que cobrará el día 10 de abril y de la que le descontarán 180 euros porque, tras montar una tienda que le fue mal, aún arrastra una deuda con el banco. «En Cruz Roja no hay nada, en Cáritas no me dan porque yo no soy usuaria y las asistentas sociales me dicen que por lo menos hasta finales de abril no habrá ayudas y que me vaya al comedor trinitario para comer, pero ¿cómo me voy a ir hasta allí a comer con una niña pequeña si tenemos que estar confinados?», se pregunta. Como su hija tiene dos años y es alumna de escuela infantil, tampoco tiene derecho a menú escolar, que de momento solo se reparte a los escolares incluidos en el plan SYGAplan SYGA, que solo se aplica en segundo grado de Infantil y Primaria. Los menores de 3 años no están incluidos.

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Tras una semana de contención, el anuncio de 15 días más de confinamiento obligatorio ha desatado todas las alarmas entre las familias necesitadas, preocupadas por cómo podrán cubrir las necesidades básicas en un periodo flexible. Fuentes de Servicios Sociales Comunitarios a los que ha tenido acceso este periódico han indicado que los teléfonos «se caen de llamadas de gente pidiendo respuesta». Mientras tanto, la Delegación de Asuntos Sociales ultimaba ayer un decreto que hoy firmará el alcalde para repartir alimentos a domicilio a las más de mil familias que según las cuentas municipales se han quedado en situación de vulnerabilidad desde que empezó el estado de alarma. Al parecer, el reparto de alimentos se realizará en colaboración con Cruz Roja, Caritas, Fepamic, Acisgru y San Juan de Dios. La idea es poner en marcha un servicio de entrega de comida a domicilio entre las familias necesitadas (previo informe correspondiente) en el que colaborarían las Fuerzas de Seguridad del Estado escoltando a los repartidores. Se espera que el decreto se haga público hoy y en él se detallen los plazos y procedimientos para tener acceso a estas ayudas. De esta forma, el Consistorio empezaría a dar uso a la partida de 300.000 euros reservada para distribuir comida entre las miles de familias cordobesas que no disponen de unos recursos mínimos.

Otras fuentes de Servicios Sociales a las que ha tenido acceso este periódico han informado de que la situación en la que se está trabajando es muy caótica. «Todo esto nos ha pillado con el pie cambiado, con plantillas muy mermadas en las que implantar de un día para otro uso del teletrabajo es lento y complicado». A eso se suma que el acceso a los centros de servicios sociales a los trabajadores que tienen que acudir a su puesto de trabajo no está garantizado en todos los casos, ya que «los centros cívicos no tienen asignados conserjes y están abriendo la puerta a los trabajadores porteros de colegios que se han ofrecido a hacerlo».

Las mismas fuentes afirman que los Servicios Sociales municipales «están atendiendo telefónicamente muchas peticiones de alimentos que de momento se están gestionando elaborando informes sobre la situación social de los solicitantes y derivándolos a entidades sociales». Del mismo modo, «estamos intentando agilizar el cobro de la renta mínima para situaciones de urgencia como violencia de género, desahucio y enfermedad grave, y trabajamos en un nuevo procedimiento para que las ayudas de emergencia no tarden en cobrarse más de 15 días (normalmente tardan 2 meses)».

Cáritas se ha centrado en la atención por vía telefónica (957 470 921) a las familias vulnerables que ya son usuarias de la institución, ya que los recursos de que disponen, aseguran, son limitados y la demanda de ayuda no ha dejado de crecer en los últimos días. De las 60 Cáritas parroquiales con que cuenta la entidad, algunas han cerrado porque los voluntarios de que disponen son personas mayores que están en el colectivo de riesgo, pero otras muchas siguen funcionando. Es el caso de la parroquia de San Martín de Porres, por ejemplo, que ayer abrió sus puertas para realizar un reparto organizado de alimentos, intentando mantener todas las medidas de prevención posibles. «No podíamos dejar que los productos que tenemos del Banco de Alimentos se echaran a perder», explicaron, «mientras hay familias que no tienen nada para comer».

Según Laly Ramírez, «nos llegan muchas solicitudes de familias a las que normalmente no atendemos y que se quejan de que los Servicios Sociales no les dan respuesta, pero además de tener recursos limitados, las limitaciones en la movilidad establecidas por el estado de alarma nos impiden llegar a más gente. En este momento, la ayuda en especies no es operativa», indicó. Por ello, están articulando medidas para gestionar compras a través de supermercados locales. Ante la situación de las familias, Adeat está intentando recabar recursos para asistir a las familias y el comedor Rey Heredia, que cerró sus puertas cuando se decretó el estado de alarma, ha retomado el servicio de reparto de alimentos, con la colaboración de un taxista, para las 60 familias a las que habitualmente ayudan gracias a los donativos de que disponen y que les han reclamado ayuda ante la falta de recursos públicos.