El gobierno local ha logrado sacar adelante en el pleno que se celebra esta mañana su expediente de ordenanzas fiscales, que congela las tasas e impuestos municipales para el 2019, con los votos a favor de Ganemos y en contra los de toda la oposición. "Son las mejores ordenanzas fiscales para la sociedad cordobesa", ha afirmado Alba Doblas, teniente de alcalde de Hacienda. La oposición en bloque ha votado en contra de las ordenanzas al considerar que se debía haber reducido la presión fiscal que soportan los cordobeses con una bajada de las mismas. Las enmiendas se han votado de una en una, y debido a la ausencia de la concejala de Ganemos, María Ángeles Aguilera, las tres de Ganemos han tenido que aprobarse con el voto de calidad de la alcaldesa. El Pleno ha vuelto a representar la fragmentación de las dos bancadas, incapaces de alcanzar ningún tipo de acuerdo, ni siquiera en una enmienda aislada.
La sesión plenaria ha comenzado con algo de retraso, ya que como viene siendo habitual se ha llevado a cabo el desalojo de los trabajadores de la empresa privada Tanatorios de Córdoba, que han exigido a gritos en el salón de plenos que no se acometa el proyecto de construcción de un tanatorio público en el cementerio de San Rafael.
La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha defendido el expediente de ordenanzas fiscales de PSOE e IU, que ha incluido esas tres enmiendas de Ganemos (incluida una bonificación del ICIO para las obras impulsadas por las cooperativas de viviendas o la eliminación de la bonificación de la tasa de veladores a los establecimientos del casco histórico). Aunque tanto PSOE como IU han aplaudido la buena marcha de las negociaciones con Ganemos para aprobar este proyecto de ordenanzas, han incidido en que no se han producido cambios significativos respecto al expediente que se presentó el año pasado y que la agrupación de electores entonces rechazó. La portavoz de PSOE, Carmen González, ha afeado a la oposición, y en especial al PP, que hayan votado en contra de bonificar el 95% IBI de los patios, lo que desde el PP se ha calificado de "demagogia".
La oposición, en bloque, ha votado en contra argumentando que la congelación de impuestos no es suficiente y exigiendo un rebaja de la presión fiscal para "devolverle a los cordobeses los sacrificios que han hecho". En total, los tres grupos de la oposición han presentado 29 enmiendas al expediente. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha criticado que el equipo de gobierno no haya tenido voluntad real de negociar los impuestos, y ha criticado "la voracidad fiscal de la izquierda" pese a "su incapacidad de invertir luego lo recaudado". El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, por su parte, ha evidenciado su "decepción por unas ordenanzas continuistas y faltas de ambición", que, a su juicio, no crearán empleo, mientras que el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano, ha indicado que "no son las ordenanzas que necesitan los cordobeses", y ha lamentado que de nuevo en el Pleno se haya evidenciado "los 15 frente a los 14, sin cambios".
Novedades de las ordenanzas fiscales
La mejora de la bonificación del IBI de los patios, una reducción del 95% a los propietarios que participan en el concurso, es la novedad más importante de este expediente, que según ha explicado Doblas se basa en «la progresividad fiscal, el respeto al medio ambiente y en la implementación de ventajas fiscales para quienes más lo necesitan». Además, la responsable de Hacienda ha enfatizado que "este equipo de gobierno puede vanagloriarse de no haber subido nunca, nunca, nunca el IBI" y ha destacado algunas de las bonificaciones en el IBI, el IAE o el ICIO que se harán a las empresas que apuesten por la contratación. También se han incluido modificaciones importantes como la cuota resultante en las peticiones de fraccionamiento, que se reducirán de 25 a 20 euros para facilitar su concesión, al tiempo que se eleva de 1 a 2 plazos consecutivos de impago el motivo para cancelar un fraccionamiento. Además, se aumentará el importe para solicitar el fraccionamiento sin necesidad de garantía o aval de 24.000 a 30.000 euros.
Asimismo, por una petición del Defensor del Pueblo se ha incorporado la imposibilidad de enajenar las viviendas habituales a deudores de la Hacienda local, limitándose únicamente a la notificación del embargo.
