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CCOO PIDE MÁS INCENTIVOS A LA INTEGRACIÓN Y MÁS INSPECCIONES PARA QUE SE CUMPLA EL CUPO LEGAL

Córdoba tiene 48.790 personas con alguna discapacidad y solo 7.700 están trabajando

De los más de 1.600 empleados en el Ayuntamiento, solo 18 tienen diversidad funcional reconocida. La ley obliga a las grandes empresas a reservar un 2% de los puestos para este colectivo

 

Manuel Merino, Said Faz y Antonio Sánchez, ayer en la conferencia de prensa. - CÓRDOBA

Araceli R. Arjona Araceli R. Arjona
03/12/2019

Una cosa es lo que marca la ley y otra muy distinta la realidad. Lo denunció ayer el sindicato CCOO, que en la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, puso sobre la mesa la disparidad que existe entre las exigencias legales en relación con la integración laboral de las personas discapacitadas y la cantidad de contratos que se realizan. El secretario de Empleo de CCOO, Manuel Merino, el responsable de Políticas Sociales, Said Faz, y el secretario general de Enseñanza, Antonio Sánchez, reclamaron ayer más incentivos para fomentar la integración laboral de este colectivo y reclamaron a la Inspección de Trabajo un control más riguroso de la actuación de las empresas en esta materia. En Córdoba hay actualmente 48.790 personas con certificado de discapacidad (más del 33%) de las cuales casi 22.000 se encuentran en activo, pero solo un 35%, unas 7.700, tienen empleo.

Según la ley, todas las empresas públicas y privadas de más de 50 empleados, en torno a 573 en la provincia, están obligadas a contar en su plantilla con un 2% de trabajadores fijos con alguna discapacidad reconocida, una obligación que, según el sindicato, la mayoría de empresas, incluida la administración pública, no cumple. Esas 573 empresas dan trabajo a algo más de 100.000 personas, por lo que, de cumplirse el cupo del 2%, debería haber al menos 2.000 empleos fijos a personas discapacitadas en la provincia. La realidad, según el sindicato, es que el 96% de los contratos que se realizan a estas personas son temporales y están vinculados a centros especiales de empleo, es decir, es empleo protegido y no ordinario. O lo que es lo mismo, de los 7.700 trabajadores con discapacidad, más de 7.000 son trabajos temporales y / o dependientes de centros especiales de empleo. La precariedad de estos puestos explica además que exista una brecha salarial del 7,5% respecto al trabajador sin discapacidad.

La norma no se cumple ni siquiera en la administración pública. En el Ayuntamiento de Córdoba, hay más de 1.600 trabajadores (sin contar las empresas) y, según el concejal de Recursos Humanos, Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, los datos oficiales indican que apenas 18 tienen más del 33% de discapacidad reconocida. Según Jordano, «este dato no es real y se verá de aquí a unos años». En su opinión, hay más personas con discapacidad, «pero no lo declaran por vergüenza o por temor, lo que supone un perjuicio para ellos y para la empresa pública». El objetivo de su delegación es «hacer una radiografía real de la situación», para lo cual tiene previsto realizar una campaña de sensibilización «dirigida el personal que trabaja de cara al público» y otra campaña interna «para hacer que afloren los casos».

La Junta no pudo aportar ayer datos en esta materia mientras en la Universidad de Córdoba, tampoco hay datos muy exactos. Con 2.726 trabajadores entre profesores, PAS y otros contratos por proyectos, tan solo se puede asegurar con certeza que hay «más de 15 personas» con discapacidad en plantilla.

Según CCOO, para paliar esta situación hacen falta incentivos a las empresas, «ya que entre los empresarsios existe una mentalidad de que las personas con discapacidad pueden suponer gastos añadidos».

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