Solo unos cuantos casos son conocidos por la opinión pública, pero Córdoba tiene 244 desaparecidos, de los que un 91% son menores de edad. En la mayoría de estas ocasiones, se trata de niños y adolescentes extranjeros no acompañados a los que se pierde la pista en los centros de acogida donde son atendidos. Estos son los datos del Ministerio del Interior relativos al pasado mes de agosto, facilitados a este periódico por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global.
El periodista y presidente de esta entidad, Paco Lobatón, detalló ayer que del total de las denuncias activas en Córdoba, 213 corresponden a hombres y 29, a mujeres. Además, precisó que 222 se refieren a menores y, de ellos, 203 son varones y 17, mujeres. Si se analizan los datos, se observa que hay dos casos en los que no se ha hecho constar el sexo de la persona desaparecida debido a fallos en el sistema.
Lobatón hizo hincapié en que a nivel nacional la situación es similar a la de la provincia y, de hecho, aludió a los datos recogidos en el Informe de Personas Desaparecidas 2019, publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos, que revela que del conjunto de denuncias activas en España (12.330), el 61% se centra en menores de edad procedentes de Marruecos.
Acerca de la situación de los conocidos como menas, el periodista afirmó que «este es un tema de una profundidad increíble», recordando que España está comprometida como país con convenios internacionales de protección de la infancia y que hay que ofrecer un techo y seguridades a estos niños y adolescentes.
Paco Lobatón señaló que, en líneas generales, cada año se registran en torno a 30.000 denuncias de desapariciones en España y solo una mínima parte de las víctimas continúa sin aparecer. Así, las cifras de Interior recogen que de los 176.063 casos contabilizados desde el 2010 en todo el país, el 7% de los afectados sigue sin ser localizado. La información de este documento se extrae de la base de datos Personas Desaparecidas y Restos Humanos Sin Identificar y del Sistema Estadístico de Criminalidad.
SECUESTROS / El estudio también revela, entre otras conclusiones, que Córdoba fue el año pasado la tercera provincia andaluza con más hechos conocidos de delitos y faltas relacionadas con la sustracción de menores. La provincia contabilizó 11 situaciones de este tipo frente a las tres del ejercicio anterior, un balance que la posicionó por detrás de Málaga (13) y de Sevilla (16), y que multiplica los resultados de años precedentes. La comunidad autónoma cerró el 2018 con 64 causas relacionadas con el secuestro de niños y adolescentes, lo que también representó el dato más elevado desde que comenzó la estadística, en el 2010, y en España se anotaron 320, en la línea de años anteriores.
En cuanto a las principales necesidades de los desaparecidos y sus familias, Paco Lobatón informó ayer de que próximamente trasladarán a las Cortes generales la tercera Carta de Derechos y Demandas Urgentes, un documento actualizado el pasado mes de noviembre en el cuarto Foro de Familias de Personas Desaparecidas. El texto no ha sido cerrado definitivamente, pero se puede avanzar que, entre otros, subraya el derecho de las personas a ser buscadas y de sus familiares a ser informados de la investigación. Además, hace hincapié en el derecho a que la toma de la denuncia sea inmediata, «erradicando» el mito de que hay que esperar 24 horas para interponerla. Junto a otras cuestiones, reivindica la existencia de oficinas de atención a las víctimas, recordando que los familiares tienen derecho a recibir atención psicológica, jurídica e incluso económica que les permita hacer frente a los efectos colaterales de la desaparición. La carta también plantea aspectos como una coordinación provincial efectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, formación, más recursos humanos y competencias para el Cndes, y también más efectivos y especialización en las FCSE.
