Noviembre vuelve a ser el mes en el que toca hablar de la violencia de género, esa lacra social con efectos devastadores en las familias que no deja de acumular víctimas mortales y denuncias en los juzgados especializados. En Córdoba, se registran una media de cinco denuncias diarias, según los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que señala que en el primer semestre del 2018 y se han registrado 889 denuncias en la provincia, de las cuales el 93,5% tienen como víctimas a mujeres españolas, frente a un 6,5% de mujeres extranjeras. En el 20% de los casos, el agresor era el cónyuge, frente a un 22,1% de personas con las que la víctima mantiene una relación afectiva (novios). Los excónyuges también se convierten en agresores, en un 9,5%, aunque son los exnovios los que aglutinan el 48,4% de las denuncias presentadas. Han tenido una relación más o menos larga con una mujer, que no llega a formalizarse y cuando la relación se ha roto se produce la agresión. La decisión de denunciar sigue recayendo en la propia víctima de violencia. En más del 80% de los casos, es ella quien lo hace, frente a un apenas 0,2% de denuncias en las que los familiares son quienes dan el paso y un 2,4% de casos en los que se produce a raíz de una intervención policial. Los atestados policiales son la vía principal por la que se registran las denuncias, que solo en un pequeño porcentaje se produce tras presentarse directamente en el juzgado.

El escenario se repite una y otra vez y, lejos de aminorar la marcha, se acentúa. En el 2017, se presentaron en la provincia de Córdoba 1.803 denuncias, casi un 20% más que el año anterior, lo que supone igualmente una media de casi 5 denuncias diarias. Los datos son tozudos. De los 295 hombres enjuiciados, 231 fueron condenados. 322 víctimas necesitaron órdenes de protección mientras la red de centros municipales y provincial de la Mujer atendió a 3.358 mujeres por casos de violencia machista. Otras 212 mujeres y 46 menores, hijos e hijas de mujeres maltratadas, fueron asistidos en los programas de atención psicológica de dicha red, a lo que hubo que sumar la atención a 23 adolescentes en el programa específico para las menores que sufren maltrato.

En este contexto, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía celebró ayer en Sevilla su Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, inaugurado por la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, que insistió en que «la violencia contra las mujeres hay que combatirla en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de las convicciones. Hay que sacarla del espacio privado, de la alcoba, de los domicilios y poner a los maltratadores en el espacio público, como ponemos a los asesinos en el espacio público». Asimismo, defendió que «las políticas de igualdad son políticas de Estado y que la violencia machista es un atentado contra los principios de la democracia».