Córdoba ha registrado un descenso del 28% en el número de lanzamientos practicados por los juzgados de primera instancia durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo del 2016, según se desprende del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial.
De este modo, los 338 desahucios contabilizados representan un descenso interanual destacado y con este resultado se mantiene la tendencia a la baja detectada en el 2016, cuando se redujeron un 8% después de tres años de subidas (la estadística comienza en el 2013).
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han supuesto el 52% del total de los efectuados en Córdoba, por lo que siguen siendo mayoría los casos en los que se pierde el bien por el impago de la hipoteca. Sin embargo, los 176 desahucios realizados de enero a junio por esta cuestión también representan la mayor caída, con un 34% menos respecto al 2016.
Otra de las causas de los lanzamientos es el impago del alquiler, por el que se han efectuado 147 durante el primer semestre del año, el 43% del total. De nuevo, el descenso ha sido significativo en este caso, con una bajada del 25% en comparación con los desahucios practicados el año pasado como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Por último, hasta el pasado junio se ejecutaron 15 lanzamientos debidos a otras causas (laudos arbitrales, procesos de familia, etc.) en Córdoba, mientras que hace un año fueron 10. Estos casos han experimentado el único incremento de la provincia, aunque suman poco más del 4% del total.
De otro lado, en los seis primeros meses del año se han solicitado 414 desahucios a los servicios comunes de notificaciones y embargos, un 4% interanual. De este total, 288 (un 70%) terminaron con cumplimiento positivo.
dos veces/ La portavoz de Stop Desahucios en Córdoba Nuria Torres explicó ayer que «un porcentaje alto de las familias en España sufren dos lanzamientos», el primero por el impago de la hipoteca y otro por el alquiler, y recuerda que se originan situaciones «lamentables». Nuria Torres indica, además, que ninguna de las familias que atienden ha sido desahuciada y que con la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda han percibido una mejora en los casos que tratan.
