Representantes de los 29 ayuntamientos adscritos en la provincia al programa Viogen de protección a las víctimas de violencia de género se dieron cita ayer en la Subdelegación del Gobierno para conocer los fondos que recibirán en el marco del Pacto de Estado y en qué podrán gastarlos. La subdelegada del Gobierno, La provincia de Córdoba, según la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, recibirá un total de 650.000 euros de los 20 millones previstos para el año 2018, que se repartirán siguiendo tres criterios. Todos los ayuntamientos perciben una cantidad fija de 689 euros más una asignación variable según la población de 0,18 euros por habitante. Tras el reparto a todos los ayuntamientos, el remanente, que ascendió a unos 6 millones de euros, se ha repartido entre los 351 municipios que forman parte del programa Viogen, lo que les otorgará una cantidad extra de 16.000 euros. Con 29 ayuntamientos adscritos, la provincia de Córdoba está entre las más participativas en este programa, según la responsable de las unidades de género de la Delegación de Andalucía, Maribel Montaño, que recalcó en respuesta «a quienes tienen una visión demagógica y sugieren que los recursos se quedan en el camino haciendo cuentas muy tramposas» que los fondos para violencia de género deben ir a las víctimas como si se tratase de una lotería», que este dinero se destina a financiar servicios y recursos. «Para ayudar a las mujeres que necesitan reconstruir su vida después de sufrir violencia de género existe la renta activa de inserción, ampliada a 12 meses y equivalente al salario mínimo interprofesional», recordó.

En cuanto a los fines de los fondos asignados por el Pacto de Violencia de Género, Montaño explicó que «se pueden emplear en campañas de sensibilización, pagas extraordinarias de los policías locales encargados de la vigilancia de mujeres, para aperturas extraordinarias de los centros de información a la mujer y en jornadas de formación de los profesionales, entre otras cosas».

Montaño recalcó, en respuesta al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, que ha cuestionado la formación de los profesionales de las unidades de género, que «los profesionales están perfectamente formados» y que «no se entiende con qué criterio un exjuez sin formación específica en igualdad, que fue apartado de su puesto por prevaricación se permite ahora pedir los curriculums de nadie».