Córdoba, la provincia con mayor tasa de desempleo

Acabamos de cerrar el tercer trimestre y las cifras hablan por sí solas. La última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a Córdoba como la provincia con mayor tasa de paro en todo el país, ya que solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla nos superan en porcentaje de desempleo. En Córdoba asciende al 25,28%, lo que la coloca más de 11 puntos por encima de la tasa nacional, que ahora mismo está en el 13,92%.

Esos son los tantos por ciento, pero si hablamos de números absolutos, es decir, de personas que se encuentran en situación de desempleo, la cifra asciende a los 94.700 parados.

El verano no ha sido bueno en cuanto a la creación de empleo en la provincia. Normalmente, en esos meses aumentan las contrataciones, pero esa subida se da principalmente en las zonas de costa. Este año los meses de julio agosto y septiembre han dejado en nuestra provincia 12.400 parados más que en el segundo trimestre, cuando el porcentaje de afectados se situó en el 22,21%. En el primer trimestre la cifra se quedó en 77.300 desempleados.

Si comparamos estos datos con los mismos meses del año anterior las estadísticas indican que se ha producido un incremento de 2.400 parados. Las mujeres siguen siendo quienes tiene mayor índice de desempleo.

Con todo, Andalucía ha sido la comunidad donde más ha subido el desempleo en España. En el último trimestre la EPA refleja un total de 865.800 andaluces sin trabajo, lo que supone un incremento de 30.300 personas respecto del trimestre anterior. La tasa de paro se queda en nuestra comunidad en el 21,83%, 7,9 puntos por encima de la media nacional. Por contra el número de parados en todo el país sí que ha experimentado un leve descenso respecto del segundo trimestre, al bajar un 0,5%. El total de desempleados nacionales asciende ahora a 3.214.400 personas, 16.200 menos que antes del verano, según los últimos datos facilitados por el INE.

En cuanto al número de ocupados en la provincia asciende a 279.800, la mayoría de ellos pertenecientes al sector servicios, seguidos de la industria, la agricultura y la construcción. La tasa de actividad se sitúa en el 57,3%.

Aumento de la pobreza

Junto a todo ello, Andalucía ha experimentado un aumento del riesgo de pobreza y/o exclusión social, la llamada tasa Arope (siglas en inglés de At Risk of Poverty and/or Exclusión). Se trata de un indicador fijado por la UE dentro de la estrategia Europa 2020, que evalúa las personas que viven con bajos ingresos, sufren privación material severa o viven en hogares con una intensidad de empleo por debajo del 20%.

El último informe de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística y correspondiente a 2018 coloca a Andalucía con una tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social del 38,2%, un punto más que en 2017 y 12,1 puntos porcentuales más que la media nacional. Nuestra comunidad es junto con Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta la que registra un porcentaje más elevado.

Según los datos facilitado por la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, formada por cerca de veinte entidades sociales, «en términos absolutos, algo más de 3,2 millones de personas residentes en Andalucía, unas 75.000 más que el año pasado, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social». Mientras el análisis por sexo «muestra que el incremento del Arope se debe exclusivamente al empeoramiento de la situación de las mujeres, cuya tasa crece casi dos puntos porcentuales, mientras que la masculina se mantiene».

Así, el 8% de la población andaluza vive en condiciones de privación material severa, unas 670.000 personas; un 6,2% no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; un 13,4% sufren la llamada pobreza energética y no pueden mantener la temperatura adecuada en sus hogares. Mientras, el 52,1% de los andaluces no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 18,3% tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes.

A mediados de octubre la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social daba a conocer unos datos preocupantes para Córdoba, que cuenta con tres de los barrios más empobrecidos de España, como es el aumento de la pobreza infantil en menores de 16 años que sobre todo afectan a familias con menores dependientes y a familias monoparentales.

La tasa de pobreza de las familias con niños dependientes es del 23,2%, seis puntos más que la media de familias sin niños en estas circunstancias, mientras que en el caso de las monoparentales asciende al 42,9%, el doble de la media.

En este sentido, el secretario provincial de empleo de CCOO, Manuel Merino, señala que «la situación del empleo en nuestra provincia tiene un ritmo distinto al que estamos conociendo en la recuperación económica», porque aunque «se está difundiendo que el empleo crece y que nuestra economía esta recuperándose, se oculta el aumento de las desigualdades y de la pobreza y, en general, el empeoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de la población, muy especialmente de la población trabajadora».

El responsable sindical considera que aunque el paro es «la causa principal de exclusión social, nuestra realidad laboral refleja que tener un empleo, aunque sea a tiempo completo, no garantiza tener una calidad de vida aceptable», dado que el 15% de la población cordobesa que tiene un puesto de trabajo vive por debajo del umbral de la pobreza».

Por su parte, el secretario de Formación y Empleo de UGT Córdoba, Manuel Torralba, recuerda que «varias oenegés advierten que más del 10% de nuestros conciudadanos están en la pobreza más absoluta, y cerca del 30% está rondándola, lo que provoca tremendas desigualdades no sólo entre personas sino entre poblaciones de la provincia de Córdoba».

La temporalidad

A los malos resultados en la evolución del empleo y las preocupantes tasas de pobreza y exclusión social hay que unir la elevada temporalidad de los contratos laborales que se realizan en la provincia de Córdoba, según las estadísticas.

Los últimos datos sobre contratación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en septiembre de 2019, recogen que el 96,77% de los contratos acumulados en la provincia a lo largo del año han sido temporales. Esta cifra se sitúa 1,5 puntos porcentuales por encima de la media andaluza y 6,37 puntos más que la media nacional.

Así la cantidad de contratos temporales acumulados en Córdoba se eleva hasta un total 392.546, frente a los 13.086 indefinidos (13%).

Con estos datos, el secretario de Formación y Empleo de UGT Córdoba, Manuel Torralba, recuerda que «esta cifra no ha cambiado, al menos en los últimos cinco años». Por este motivo considera que «en este punto encontramos uno de los grandes problemas del mercado de trabajo, que depende en su mayoría de sectores con alta temporalidad y estacionalidad», como son el sector servicios o el agrícola, «en detrimento de otros que crean un empleo estable y de mayor calidad, como es el caso de la industria».

Torralba subraya que «muchos de los contratos que se firman son por semanas, incluso por días. A esto hay que añadir el fraude que suponen, en numerosas ocasiones, las jornadas parciales, en las que se firman contratos de tres o cuatro horas cuando se realizan jornadas de ocho o más». Por ello pide «más contundencia» a la inspección de trabajo con la aplicación en las empresas del nuevo registro horario para los trabajadores.

Para el secretario provincial de empleo de CCOO, Manuel Merino, el modelo económico y productivo «no tiene que ser excusa para precarizar el mercado laboral». El responsable sindical pone de manifiesto que aunque

«hay recuperación económica, se está recuperando ocupación a cambio de perder derechos. Estamos normalizando la precariedad laboral en España, y con más virulencia en nuestra provincia», cuyo modelo productivo «propicia unas condiciones laborales en las que la temporalidad es su seña de identidad, un modelo productivo que se apoya en gran medida en sectores como la agricultura y los servicios con bajo nivel tecnológico y fuerte dependencia de ciclos y cambios coyunturales como la climatología».

Junto a todo esto, subraya Merino, «se está produciendo una creciente desprotección frente al desempleo» y con el «pretexto» de la austeridad «se están aplicando medidas que reducen la cobertura a las personas paradas, condenando a un alto porcentaje de la población a situaciones que rozan la indigencia».

Paro femenino

Los datos de la última EPA ponen de manifiesto que, de nuevo, las mujeres son quienes más sufren el paro. De los 94.700 desempleados registrados en Córdoba en el tercer trimestre del año, el 53,53% son mujeres, lo que en números absolutos asciende a un total de 50.700 cordobesas, frente a los 44.000 hombres restantes.

La EPA nos revela, además, que el 30,33% de las mujeres están en situación de desempleo, mientras que en los hombres el porcentaje se queda en el 21,21%. Las cordobesas, como publicó Diario CÓRDOBA, son, tras las jiennenses, la que padecen el mayor porcentaje de paro en todo el país.

Con estos resultados Manuel Merino, de CCOO, destaca que «la recuperación económica no llega en la misma proporción a las mujeres que a los hombres», lo que provoca desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta que «las mujeres lideran la contratación a tiempo parcial».

Además, apunta Merino, «la brecha salarial no se reduce, se puede constatar que con la lenta recuperación del empleo la población ocupada masculina ha aumentado en mayor medida que la femenina, lo que evidencia la dificultad de las mujeres para acceder al trabajo».

«El empleo y la calidad del mismo -continúa- resulta determinante para la vida de las mujeres y lamentablemente tenemos que reconocer que persisten las desigualdades laborales y sociales». Por ello, considera que estamos ante un modelo productivo y de relaciones laborales que «desperdicia las capacidades y talentos de la mitad de la población». Además, para Merino en nuestra provincia persiste el denominado techo de cristal que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad, dado que se encargan «mayoritariamente de las ocupaciones más elementales, con menos remuneración y más precarias, lo que repercute en menor cobertura cuando pierden su empleo» y al final de su vida laboral.

Coincide en este planteamiento el responsable de UGT, Manuel Torralba, que sitúa la brecha salarial en el 25%.

Junto a las mujeres, Torralba hace hincapié en que «tampoco lo tienen fácil los jóvenes, puesto que el desempleo juvenil oscila normalmente sobre el 50%». Mientras, recuerda que los mayores de 50 años «tienen muy complicado volver a entrar en el mercado laboral».

A todo esto hay que sumarle, añade el responsable provincial de UGT, «la despoblación de algunas zonas de la provincia, sobre todo del norte, que están dejando cifras muy preocupantes, y que sin duda influyen en la cantidad de parados». Esta despoblación indica para Torralba que una parte «cada vez más importante del descenso del paro» se justifica por el hecho de que «la gente está emigrando a otras comunidades o al extranjero para encontrar un medio de vida digno; o directamente está en la economía sumergida».

Los sectores productivos

Los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicados el mes pasado señalan que el número de desempleados registrados en su oficinas en la provincia ascendía a cerca de 70.000 personas.

Por sectores de actividad económica el de servicios es el que registra mayor número de desempleados, con una cifra que ronda los 43.000 parados. Le siguen el sector agrícola, con 7.000 desempleados; la industria, con cerca de 6.300; y la construcción, con unos 6.000 desempleados. Los 7.000 restantes se incluyen en el grupo de personas sin empleo anterior.

Por lo que se refiere a los sectores económicos, CCOO insiste en «la necesidad de fomentar el desarrollo de sectores productivos que aún pueden tener mucho recorrido en la provincia, como el de las energías renovables, la logística, la industria del frío o la industria agroalimentaria».

Al mismo tiempo, para este sindicato «se impone cada día más la necesidad de derogar la reforma laboral, que solo ha precarizado el empleo» porque aunque se han creado puestos de trabajo «es un empleo poco estable, a tiempo parcial, con pocos derechos, de baja calidad, en el que la salud y la seguridad de los trabajadores ha desaparecido».