La declaración del estado de alarma en España, fruto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19 ha tenido un impacto en muchas esferas institucionales, también en el ámbito judicial, donde las actuaciones quedaron paralizadas, a excepción de las esenciales, lo que se refleja ahora en las estadísticas correspondientes a esos meses. El último informe sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que contabiliza la evolución de los desahucios desde el 2014, refleja el impacto que ha tenido esa parálisis sobre los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre del año, de abril a junio, un periodo afectado de lleno por el confinamiento y el inicio de la desescalada.
La provincia de Córdoba registró durante ese periodo una caída espectacular del número de desahucios practicados, que pasaron de 147 en el mismo periodo del 2019 a solo 8, un descenso de más del 94%. De los lanzamientos que se llevaron a cabo en ese tiempo (desde que se levantó el estado de alarma a mediados de mayo hasta finales de junio), 7 fueron por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lejos de los 79 que se ejecutaron entre abril y junio del 2019.
En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, solo se practicó uno en la provincia, según el mismo informe, frente a los 59 que se practicaron en el segundo trimestre del año pasado en Córdoba.
Otro de los datos recogidos en la estadística publicada ayer por el Consejo General del Poder Judicial son los referidos a los procedimientos de desalojo en viviendas ocupadas, que se registran y se publican desde el tercer trimestre de 2018. En este caso, se detalla la información de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre del 2020 ingresaron en los juzgados de Córdoba dos asuntos por ocupación ilegal, que se sumaron a los 19 que había pendientes de trámite en los juzgados desde el trimestre anterior. En esos tres meses solo se resolvió uno, por lo que al inicio del verano siguen pendientes 20 casos de ocupación ilegal denunciados pendientes de resolución judicial.
La Asociación de Familias Necesitada Anfane ha seguido trabajando durante toda la pandemia para dar respuesta a la situación desesperada de muchos afectados por la situación de carestía derivada de la crisis sanitaria. El presidente de la entidad, Rafael Cidres, ha cuestionado el efecto real de la moratoria antidesahucios creada por el Gobierno a raíz del estado de alarma y ha asegurado que se trata de «una farsa», ya que solo es de aplicación durante seis meses y a a los casos sobrevenidos por el covid. «¿Pero cuáles son los casos sobrevenidos por el covid?», se pregunta, tras recordar que «si dejas de pagar en abril o mayo, aún tienen que pasar al menos un año hasta que se produce la notificación por lanzamiento. En esta coyuntura, Anfane reclama que la moratoria antidesahucios se aplique durante el tiempo que se prolongue la pandemia «a todos los desahucios que estén pendientes» y que se paralicen todos los lanzamientos al menos hasta final de año, a la espera de la evolución de los datos sanitarios.
Para la asociación, «un lanzamiento es un lanzamiento y no puede haber excepciones». En este sentido, indica que «las notificaciones de desalojos que están llegando ahora no tienen en cuenta la situación de parálisis de las administraciones ni el confinamiento ni la crisis económica que están viviendo las familias a causa del covid», algo que afecta «no solo a las que se han encontrado con esta situación en este momento sino a las que estaban en un procedimiento de este tipo antes de que empezara la pandemia, que tampoco han podido presentar documentación ni dar los pasos legales durante meses para defender sus derechos», insiste.
Ocupación de la propia vivienda
La situación a la que se enfrentan las familias pendientes de lanzamiento por ejecuciones hipotecarias es ahora «más complicada que antes de empezar la pandemia», insiste Anfane, que en las circunstancias actuales cree que «llegado el momento, no nos quedará más remedio que defender, si no hay alternativa habitacional para las familias, la ocupación de la propia vivienda si se produce un desalojo porque nos parece inhumano que se vaya a desahuciar a familias en este momento, cuando es posible que se decrete un confinamiento en cualquier momento». Recuerda que «mientras hay familias que están siendo desalojadas sin tener en cuenta sus circunstancias, hay otras que están ocupando esas viviendas que se quedan vacías, mientras las administraciones siguen sin ofrecer alternativa habitacional».
En la capital, la obra del centro de emergencia habitacional, iniciada en el anterior mandato para construir 15 miniapartamentos, sigue paralizada, aunque la previsión inicial era su apertura a principios de este año.
