El número de asuntos relacionados con cláusulas abusivas de las hipotecas que está pendiente de resolver en los juzgados cordobeses se ha duplicado durante el primer semestre del año en comparación con el registrado en junio del 2018. Así lo pone de manifiesto la información publicada ayer por el Consejo General del Poder Judicial, que indica que en el segundo trimestre se han contabilizado 5.035 causas en trámite, un 107% más en tasa interanual.

A finales de diciembre del 2016, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaba a la banca a devolver lo cobrado por las conocidas como cláusulas suelo (un límite mínimo para el interés que se aplica a las cuotas que se abonan por los préstamos) y desde entonces los procesos judiciales han crecido de manera exponencial. Solo el año pasado se registraron 4.678, pero se resolvieron 1.226.

En este sentido, el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, explicó ayer a este diario que «en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia se evidenció que el módulo de entrada estaba en unos 1.200 asuntos anuales y habían entrado más de 4.000, casi cuatro veces más que el trabajo que puede sorportar un juez en condiciones normales». En la actualidad, estos asuntos son llevados por los juzgados de Primera Instancia 11 y 9 Bis (este segundo, integrado en el primero) y Pareja detalló que, pese a que son dos los jueces que se ocupan de la materia, este órgano se encuentra «saturado, no atascado completamente». Por esto entiende que «si hubiese un juez más, se racionalizaría muchísimo la carga de trabajo», ya que en estos momentos los togados «están tabajando por encima de la media, pero intentan sacar el trabajo lo mejor posible». En el segundo trimestre de este año han entrado 791 causas, un 43% menos que en el mismo periodo del año pasado, y se ha dado respuesta a 584, un 68% más en tasa interanual.

De su parte, el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, lamentó ayer que «el juzgado nació atascado (Primera Instancia 11 comenzó a funcionar el año pasado)». También subrayó que «el 99% de los que reclaman son consumidores», pero el impulso de este nuevo órgano «solo ha servido para perjudicarles, colocándolos en un plano de desigualdad. Cualquier reclamación ordinaria tarda menos en resolverse».

En su opinión, esta situación «a las únicas que está beneficiando es a las entidades bancarias», ya que «está fomentando que no respondan, no se sienten coaccionadas con la vía judicial, que ven lejana y es donde pueden salir más perjudicadas, mientras que extrajudicialmente no se están solucionando asuntos». Junto a esto, confirmó que a los letrados «nos está perjudiando muchísimo», porque normalmente no terminan de cobrar sus remuneraciones hasta que no finalizan el trabajo. Garrido calificó de «barbaridad» el atasco en estos procesos y detalló que «hay una avalancha de reclamaciones a las que no se está dando respuesta» desde la Justicia, concluyendo que «un juzgado nada más es claramente insuficiente».