Los primeros expedientes de los consejos de guerra de la represión franquista en la provincia de Córdoba estarán accesibles a través de internet en un año tras la próxima creación de la Cátedra de Memoria Histórica Universidad-Diputación de Córdoba. La institución provincial ha elegido este camino para afrontar el análisis, catalogación y escaneo del fondo cordobés del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, «uno de los proyectos estrella» de la Delegación de Memoria Histórica, creada en este mandato, cuyo responsable, Ramón Hernández Lucena (IU), tiene como uno de sus objetivos personales.

Según Hernández, la Diputación de Córdoba incluirá los cerca de 250.000 euros que va a destinar en este mandato al proyecto en la Cátedra y unificará todos los trabajos sobre la memoria histórica en el ámbito universitario, con la aspiración de poner a disposición de la ciudadanía todos los datos antes de que expire el mandato, en el 2023.

La institución no recurrirá a una empresa privada y encargará a la institución académica tanto el trabajo de campo en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo como su catalogación y la herramienta informática para la consulta pública on line a través de un certificado digital.

Para ello, dispone este ejercicio de 80.000 euros en su presupuesto. Uno de los responsables del proyecto, el profesor de Historia Contemporánea de la UCO Francisco Acosta, calcula que pueden ser 14.000 los legajos referidos a la provincia existentes en el archivo militar judicial sevillano. «No sabemos exactamente la profundidad del archivo, ni cuántos expedientes hay de Córdoba», afirma el docente.

Hasta la década de los 50

El proceso de revisión documental abarcará desde el inicio de los consejos de guerra tras el golpe militar de 1936 hasta bien avanzada la década de los 50. Acosta tiene localizado al menos un documento de 1958, «porque hay que tener en cuenta que la justicia militar juzgó a los maquis», movimiento antifranquista que acabó en 1955 y que en la década de los 50 «desciende mucho el volumen de información». La tarea obligará a «barrer todo el archivo, caja por caja», ya que «nunca se han abierto todas las cajas, que están desordenadas».

La informatización de los datos, que se volcarán en internet en cuanto haya un número de expedientes mínimo para una base de datos, ofrecerá en un año desde el comienzo de los trabajos, según Francisco Acosta, «una geografía completa y cerrada de la represión» y desvelará una de las incógnitas que persisten, «la cifra exacta de represaliados» por la justicia militar franquista en la provincia de Córdoba, un dato que «conoceremos al final».

Consejo de guerra no es sinónimo de procesado y hay expedientes con hasta un centenar de personas. En Huelva, que tuvo una quinta parte de los procedimientos que se calculan en Córdoba y cuya Diputación ya digitalizó la documentación, aparecieron una media de dos personas encausadas por juicio.

Antonio Barragán, catedrático ya jubilado de Historia Contemporánea de la UCO, describe en El regreso de la memoria: control social y responsabilidades políticas. Córdoba 1936-1945 (El Páramo, 2009) que «la represión militar sería aplicada de forma poco discriminada, intensa y en aplicación del Bando de Guerra, posteriormente, de manera más sistemática, finalista y ordenada en el momento en el que comienzan a actuar los tribunales militares».