Las cooperativas sociosanitarias de Faecta, centradas en la atención a personas dependientes, han lanzado un mensaje de SOS a la administración, a la que exigen un pacto que reequilibre los gastos destinados a este fin para garantizar los servicios.

El portavoz de las 36 cooperativas sociosanitarias de Córdoba, Miguel Peláez, denunció la paralización del sistema asistencial, ya que a día de hoy "no se están renovando las plazas concertadas en residencias, unidades de estancia diurna y servicio de ayuda a domicilio". Mientras la Junta de Andalucía responsabiliza de la situación y de la falta de liquidez al Gobierno central y al recorte impuesto de 214 millones, las cooperativas entienden que es necesario "optimizar los recursos y reequilibrar los gastos derivados del sistema de Dependencia". Para ello, plantean la necesidad de tomar medidas en tres sentidos: eliminar duplicidades como "la existencia de una Agencia de la Dependencia paralela a la propia Consejería de Salud y Bienestar Social"; equiparar el coste de las plazas públicas y las concertadas, ya que según Peláez "no se puede consentir que por el mismo servicio una plaza concertada tenga un coste de 1.560 euros y una pública de 4.680, sin ofrecer ningún valor añadido" y, por último, "seguir el mandato de la ley, que establece como prioridad la prestación de servicios y no la asignación económica, cuando actualmente se está haciendo justo lo contrario". Según las cooperativas del ramo, "las ayudas económicas representan el 42% de la atención a la Dependencia", un gasto que "no genera empleo ni garantiza la correcta asistencia de los enfermos por parte de profesionales y que además está fomentando la economía sumergida", recalca el portavoz de Faecta en Córdoba. Para Peláez, "las ayudas a la Dependencia deben destinarse a paliar carencias sociosanitarias de los enfermos y no a garantizar un mínimo de ingresos a las familias que están afectadas por la crisis, algo que debe cubrirse con otras partidas".

En cuanto al empleo, las cooperativas sociosanitarias, que en Córdoba dan trabajo a más de mil personas, alertan de que "si no hay un cambio radical en la política de la Junta y se cumple el anuncio de eliminar la reserva de plazas se pueden perder más de 500 empleos en la provincia". El concepto de reserva de plazas tiene que ver con la cuota que la Junta paga a las residencias para garantizar que se queden libres cierto número de plazas concertadas, y que se abona estén o no ocupadas. Ese dinero, según las cooperativas, no está revirtiendo en los enfermos "porque muchas de esas plazas no están siendo ocupadas". Según las cooperativas, la propuesta de la administración es eliminar esa cuota, lo que impediría el sostenimiento de las empresas, por lo que plantean la necesidad de que el sistema "se reorganice y que esas plazas concertadas se cubran", ya que, aseguran, "la demanda no ha caído y hay lista de espera".

Asimismo, plantean que para optimizar recursos "se pongan en marcha nuevos recursos de prevención en las residencias como cuidados paliativos, unidades de convalecencia y rehabilitación".