Córdoba ha recibido por parte de las administraciones públicas entre el 2011 y el 2017 un 24% menos de inversión que el resto de provincias andaluzas, lo que la convierte en «la más perjudicada», con una cifra de 894,40 euros por habitante. Esos son los datos que maneja el presidente de Fadeco Contratistas y secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona, que ve en la obra pública «un factor de incertidumbre» a pesar del fuerte incremento que ha experimentado en un año, pasando de 70 millones a 127,6 millones (un 82% más que en el 2016 pero un 70% menos que una década antes -419 millones-). Carmona considera ese aumento «coyuntural» y no síntoma de «recuperación de la inversión pública sostenible». Hay que tener en cuenta que 2016 y 2012 fueron los peores años en inversión pública por la escasez de proyectos promovidos por las administraciones, por lo que mejorarlos era fácil.

Carmona considera que ese avance positivo sigue «condicionado por la corrección del déficit público y los ajustes presupuestarios, lo que no asegura que vaya a mantenerse al ritmo que lo ha hecho en el 2017». Eso repercute en «la toma de decisiones por parte de las empresas para liberar recursos con los que financiar la inversión en bienes de equipo o para incrementar sus plantillas».

A su juicio, la reactivación de la inversión pública «está lejos de alcanzar el ritmo y los niveles deseables». Carmona piensa que «las restricciones presupuestarias» del Estado y la Junta «siguen condicionando la recuperación de la actividad» en obra civil, «postergando la ejecución de infraestructuras estratégicas». Esa recuperación, a su juicio, «no tiene visos de certeza, ya que los avances y retrocesos se suceden».

Carmona explica que los indicadores sobre el comportamiento del sector a lo largo del 2017 «confirman la recuperación de la actividad», que se sustenta en la edificación residencial, que experimenta una tendencia positiva desde el 2014, aunque la mejoría es «asimétrica» y se concentra más en zonas «con capacidad de generar una oferta más amplia y diversa», sobre todo, en grandes urbes y áreas metropolitanas, y en el litoral, y para segunda residencia, uso turístico, alquiler, o inversión por parte de no residentes. En este sentido, Carmona observa que abundan las inversiones por parte de no residentes y para alquiler, y las transacciones sin hipoteca.

Provincias como Córdoba muestran «signos de solidez» en el ritmo de «iniciaciones» de obra nueva, que sustentan los visados, que van aumentando, lo que «anticipa un crecimiento sostenido a corto y medio plazo», según Carmona, que detecta recuperación en rehabilitaciones, «donde se incrementa el número de proyectos visados tanto en viviendas como para uso de oficinas, hotelero, logístico y de transporte».