Construcor tiene claro que las medidas contempladas en el real decreto «no van a resolver las dificultades que encuentran amplias capas de la población para acceder a una vivienda en régimen de alquiler», ya que el problema no es la duración de los contratos, sino que el parque de vivienda social «es muy escaso». Según Carmona, «la escasa oferta de vivienda social revela la equívoca e ineficiente gestión de los millones de metros cuadrados de suelo público que las autonomías y los ayuntamientos recibieron gratuitamente» por la recalificación de terrenos rústicos, que «prefirieron vender sin ningún tipo de protección en vez de destinarlos a la construcción de viviendas en alquiler para jóvenes y familias con bajos niveles de renta».
Carmona recuerda que en el PGOU buena parte de los suelos «recibidos gratuitamente se adscribieron a la edificación de vivienda social en alquiler», pero, con el tiempo, tanto Vimcorsa como AVRA han modificado ese uso «para destinarlos a la venta», a la construcción de pisos sin protección o a la edificación de inmuebles en régimen de compra, por lo que desde el 2012 «son las empresas privadas las que lideran en Córdoba la promoción y edificación de vivienda social», como Vimpyca y Convisur.
A su juicio, la escasa oferta de vivienda social es la que provoca tensiones de precios «que no van a resolverse ampliando la duración mínima de los contratos». Es más, cree que las medidas harán que la oferta se reduzca más, ya que, y basándose en un estudio de la Asociación de Promotores y Constructores de España, el 96% de las viviendas de alquiler son propiedad de pequeños ahorradores que pueden plantearse destinarlas al turismo.
