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el empresario lleva un mes en prisión

El Constitucional rechaza el recurso de Gómez para anular su condena

El asunto queda zanjado en España y ya solo puede acudir a Estrasburgo. Afirma que no se ha justificado la trascendencia constitucional

 

Rafael Gómez llega a la prisión de Córdoba el pasado 4 de diciembre. - A. J. GONZÁLEZ

Pilar Cobos Pilar Cobos
09/01/2018

El empresario Rafael Gómez ha visto cómo se cierra una nueva puerta en el camino emprendido por su defensa para evitar el cumplimiento de la condena a cinco años y tres meses de prisión, entre otras penas, por dos delitos contra la Hacienda Pública. El Tribunal Constitucional informó ayer a este periódico de que ha sido inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentó el pasado otoño, para que se anule la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, por la que ingresó en la cárcel el 4 de diciembre.

Con este nuevo paso judicial, el asunto queda definitivamente zanjado en España. El también exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba solo puede ya acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, y plantear un nuevo recurso. De este modo, desde el Constitucional aclararon que la providencia por la que su petición de amparo ha sido inadmitida solo puede ser recurrida por el fiscal y no hay constancia de que esto se haya producido.

En cuanto a los motivos por los que este órgano ha decidido rechazarla, la Sala Primera del Tribunal entiende que el escrito «ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC), lo que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, requiere una argumentación específica y suficiente», explicaron.

La decisión del Constitucional se ha retrasado algo más de lo que en un primer momento se esperaba, ya que el planteamiento del recurso de amparo salió a la luz el pasado octubre y distintas fuentes consultadas coincidieron en señalar que el Tribunal suele pronunciarse en un mes. No obstante, también indicaron que el conflicto separatista en Cataluña podría demorar los plazos.

Después de conocer esta resolución, quedaría esperar la respuesta del Gobierno de España ante la solicitud de indulto presentada en noviembre, lo que podría tardar unos seis meses. En principio, esta se trataría de la única medida emprendida por el empresario para evitar su condena en la que todavía no ha recibido una respuesta negativa.

En febrero del 2017 se hizo pública la sentencia en la que se le impuso la pena de privación de libertad y una multa de en torno a 112 millones de euros por dejar de ingresar casi 29 millones de euros a Hacienda a través de dos empresas, una decisión judicial que después fue confirmada por la Audiencia.

Esta última cantidad es la misma que el empresario tiene que abonar en concepto de responsabilidad civil, lo que, según han precisado algunas fuentes, se tendría en cuenta en la decisión sobre su indulto. Pocos días antes de su entrada en la prisión provincial de Córdoba, Gómez mantuvo su inocencia y aseguró que «todo el mundo lo sabe».

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